El anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública sobre una reforma a la Ley Indígena 19.253 generó reacciones críticas desde representantes y organizaciones de pueblos originarios. La iniciativa busca permitir arriendos e hipotecas sobre tierras indígenas, planteando cambios a las restricciones vigentes sobre estos territorios.
¿Qué cambios propone la reforma a la Ley Indígena?
La propuesta presidencial apunta a modificar el régimen actual de protección de las tierras indígenas establecido en la Ley 19.253, promulgada en 1993. Según lo planteado por el mandatario, la medida busca entregar mayor libertad sobre el uso de estos terrenos, argumentando que existe una cantidad importante de tierras que no están siendo utilizadas.
Además, Kast adelantó que su administración impulsará modificaciones al proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de que sea "legítimo y libre de interferencias".
¿Por qué existe preocupación entre los pueblos originarios?
Diversas voces indígenas advirtieron que la iniciativa podría debilitar la protección colectiva de las tierras ancestrales y facilitar su incorporación a dinámicas de mercado. La abogada mapuche Natividad Llanquileo Pilquiman manifestó que "vender o hipotecar la tierra, no solo nos emprobrece, sino termina con la existencia de nuestras costumbres y tradiciones".
La exconvencional sostuvo además que los territorios constituyen la base de la supervivencia de los pueblos indígenas y advirtió sobre los riesgos de nuevos procesos de pérdida territorial.
¿Qué planteó el Pueblo Colla sobre la propuesta?
Cindy Quevedo, presidenta de la comunidad Colla Finca el Chañar y del Consejo Nacional del Pueblo Colla, afirmó que "las tierras indígenas no se venden, no se hipotecan y no se negocian. Son parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro".
La dirigenta señaló que los territorios representan mucho más que un bien económico, ya que forman parte de la cultura, la espiritualidad y la memoria de los pueblos originarios.
¿Qué otras críticas surgieron tras el anuncio presidencial?
La Red de Mujeres Mapuche publicó un análisis donde cuestionó la eliminación de mecanismos creados para evitar nuevos procesos de despojo territorial. En tanto, la diputada Ericka Ñanco sostuvo que "las tierras indígenas no son simplemente un activo económico; tienen un valor cultural, histórico y colectivo", agregando que cualquier debate sobre cambios legales debe construirse junto a las comunidades involucradas.