Índice del Contenido
- 1 Audiencia de formalización y rol del INDH
- 2 Valoración de la acusación del Ministerio Público
- 3 Querellas y definición de competencia judicial
- 4 Condiciones denunciadas durante la instrucción militar
- 5 Antecedentes médicos y reconstitución de escena
- 6 Medidas cautelares decretadas por el tribunal
- 7 Acompañamiento a víctimas y familiares
A casi 600 días del fallecimiento de Franco Vargas, conscripto de 19 años que murió mientras realizaba su servicio militar en Putre, el Juzgado de Garantía de Arica resolvió decretar prisión preventiva para cuatro de los cinco exfuncionarios del Ejército imputados por apremios ilegítimos en el contexto de su muerte.
Audiencia de formalización y rol del INDH
La resolución fue adoptada tras una audiencia de formalización que se extendió por dos jornadas y en la que intervino el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Durante la instancia, el Ministerio Público expuso los antecedentes que derivaron en la muerte del joven conscripto y en las lesiones sufridas por otros integrantes del contingente.
Valoración de la acusación del Ministerio Público
El jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Sebastián Cabezas, valoró la forma en que se presentaron los cargos y señaló que "desde el primer momento el INDH ha indicado que los jóvenes conscriptos fueron víctimas precisamente por parte de funcionarios públicos que eran responsables de proteger su integridad física y psíquica. Estamos convencidos de que la instrucción en las Fuerzas Armadas debe necesariamente ser respetuosa con los derechos humanos de las personas".
Querellas y definición de competencia judicial
El INDH ha participado en el proceso desde el inicio. El 8 de mayo de 2024 interpuso la primera querella por apremios ilegítimos y, el 13 de mayo, presentó una segunda acción judicial por la muerte de Franco Vargas. Posteriormente, la institución solicitó que la causa fuera investigada por tribunales civiles, al tratarse de presuntas violaciones a los derechos humanos, argumento que fue acogido por la Corte Suprema el 25 de junio de ese año.
Condiciones denunciadas durante la instrucción militar
Según lo expuesto en audiencia por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, los conscriptos habrían sido sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, consumo de agua en mal estado, permanencia en espacios con fecas de roedores y condiciones de hacinamiento. Además del fallecimiento de Vargas, otros seis jóvenes resultaron con lesiones de gravedad.
Antecedentes médicos y reconstitución de escena
Durante la marcha del 27 de abril de 2024, Franco Vargas sufrió al menos tres desmayos. La atención posterior fue cuestionada incluso por personal de salud y funcionarios del Ejército, antecedentes que quedaron consignados en la reconstitución de escena presentada ante el tribunal.
Medidas cautelares decretadas por el tribunal
La jueza Macarena Calas ordenó prisión preventiva para cuatro exfuncionarios: el excomandante C.P.G.P. por apremios ilegítimos con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas; el exteniente B.D.W.A. por apremios ilegítimos; el exteniente B.A.T.J. por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas; y el exenfermero militar M.I.Z.G. por apremios ilegítimos con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas. En tanto, al excapitán M.J.F.G. se le impuso arresto domiciliario total.
Acompañamiento a víctimas y familiares
El INDH, a través de sus sedes regionales y unidades especializadas, ha realizado seguimiento permanente de la investigación y acompañamiento a las víctimas y sus familias desde mayo de 2024. Este trabajo ha incluido entrevistas, revisión de evidencias, análisis contextual y apoyo directo a los ex conscriptos afectados y a la madre de Franco Vargas, con derivaciones a instituciones especializadas para atención y reparación.
