Índice del Contenido
La discusión sobre una posible ley que sancione los grafitis en Chile tomó fuerza luego de que un grupo de urbanistas planteara la necesidad de revisar el marco legal actual. La propuesta busca definir estas intervenciones como “ocupaciones violentas” y establecer medidas más severas para su control.
Urbanistas plantean cambios normativos
Durante la última semana, especialistas en planificación urbana señalaron que las intervenciones no autorizadas en espacios públicos generan un deterioro continuo en las ciudades. Por ello, proponen que la legislación reconozca los grafitis y rayados como acciones sancionables, incorporando medidas como la limpieza obligatoria de los lugares afectados y un aumento de las multas aplicables.
Situación legal vigente en Chile
En el país, el grafiti está prohibido en distintas ordenanzas municipales. Sin embargo, su tratamiento a nivel penal tiene limitaciones. Según explica Rodrigo Guerra, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a nivel comparado “por ejemplo, se sanciona esta conducta y a todo aquel que altere de forma indebida e ilícita la apariencia de un objeto ajeno, ya sea de forma permanente y considerable”. En Chile, algunos casos han sido formalizados por el delito de daños, aunque —como detalla el experto— “explícitamente el tipo penal en Chile no alude a alterar la apariencia de cualquier forma de un objeto ajeno”.
Monumentos y protección reforzada
El académico puntualiza que los monumentos nacionales sí cuentan con una protección legal más amplia. Allí, la normativa no solo considera el perjuicio económico, sino cualquier forma de daño que afecte estas estructuras patrimoniales. Esto otorga un marco sancionatorio más claro en comparación con otras propiedades públicas o privadas.
Propuesta para fortalecer la legislación
Respecto de la propiedad privada, Guerra indica que sería necesario generar una actualización legal. A su juicio, “sería bueno pensar en una legislación o un cambio en el tipo penal que haga específicamente referencia a alterar la apariencia ilícitamente de un objeto ajeno de forma considerable y permanente”. Su propuesta apunta a cerrar vacíos normativos y entregar herramientas más claras para enfrentar estas situaciones.
