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Una fuerte polémica se ha desatado en el país tras la presentación de un proyecto de ley que busca sancionar con cárcel la publicación de filtraciones en causas judiciales reservadas. La iniciativa, impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, ha sido calificada por diversos sectores como una nueva “Ley Mordaza”, por su potencial impacto en el ejercicio libre del periodismo en Chile. (Leer proyecto aquí)
Críticas desde el mundo de los medios de comunicación
La Federación de Medios de Comunicación Social —que agrupa a la ANP, ANATEL y ARCHI— expresó su más profunda preocupación, asegurando que el proyecto representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a estar informado. “Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente”, señala la declaración pública.
Desde la Federación recordaron que muchos de los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en Chile fueron revelados gracias al trabajo de la prensa. “Criminalizar a periodistas por cumplir su deber informativo representa un retroceso democrático y envía un mensaje de amedrentamiento contra el rol fiscalizador de los medios”.
Defensores del proyecto apelan a la protección de la investigación
En defensa de la propuesta, el senador Pedro Araya (PPD) afirmó que el objetivo no es atacar al periodismo, sino “regular la adecuada investigación penal, resguardando información que es secreta, y establecer el límite de la vida privada”.
Un debate que toca los pilares de la democracia
El rechazo de las organizaciones periodísticas enfatiza que son las instituciones públicas las llamadas a sancionar las filtraciones internas, y no a castigar a quienes las publican. “Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas”, concluye la declaración de la Federación.