Seremi de la Mujer destacó aprobación de proyecto que impedirá beneficios previsionales a agresores

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el procedimiento para impedir que personas condenadas por femicidio, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar puedan acceder a la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.

¿Qué destacó la seremi tras la aprobación unánime?

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Carla Morales, valoró el respaldo transversal que obtuvo la iniciativa durante su tramitación en el Congreso.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por mandato de nuestro Presidente José Antonio Kast, estamos dando pasos importantes hacia acciones que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer”, afirmó la autoridad regional.

¿Qué cambios contempla la nueva normativa?

La ley corrige disposiciones vigentes que permitían que agresores pudieran beneficiarse económicamente de sus víctimas a través del sistema previsional. Además, establece la inhabilidad para acceder a la pensión de sobrevivencia en casos de personas condenadas por delitos graves cometidos contra quien origina dicho beneficio.

¿Por qué se consideró necesaria esta medida?

La seremi Carla Morales sostuvo que el avance de esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la protección hacia las víctimas de violencia.

“El respaldo transversal de esta iniciativa refleja la necesidad de avanzar en medidas concretas. Como Estado, debemos ser coherentes en la protección de las víctimas”, expresó.

También agregó que “no puede ser que quienes han cometido delitos de la mayor gravedad, como femicidio, violación o violencia intrafamiliar, además accedan a beneficios económicos derivados de la persona agredida”.

¿Qué ocurrirá tras la aprobación en el Congreso?

La iniciativa fue aprobada en su tercer trámite constitucional con 147 votos a favor y ahora continuará su proceso para ser promulgada como ley.

El proyecto también incorpora mecanismos de coordinación entre el sistema judicial y las instituciones previsionales para asegurar la correcta aplicación de la normativa.

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