El martes 6 de julio en la prensa local y regional, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, denunció una presunta colusión en la venta del gas.
En aquella oportunidad y sin mucha repercusión en las autoridades pertinentes señaló, “tenemos un problema grave. En marzo de este año, el cilindro de 15 kilos tenía un precio aproximado de $13.000 pesos. Ahora este mismo cilindro sobrepasa los $20.000 pesos. Me pregunto, ¿cuál es la verdadera razón de esto? ¿Quiénes son los responsables de generar estos cambios en tiempos tan complejos como los que vivimos?, se cuestionó en aquella oportunidad Segovia.
Transcurrido cinco meses, una serie de alcaldes de todo Chile, comenzaron a unir fuerzas para, primero, tratar el tema y segundo, buscar las alternativas que impidan los continuos ascensos en los precios, que hasta ahora no tienen razón justa y fundada.
“Gas a precio justo”, señalaron más de 150 alcaldes que, entre otras cosas, acordaron transformarse en distribuidores minoristas y ofrecer así, una alternativa más económica para las comunidades.
Sin embargo, esta semana el portazo en la cara, vino desde la Contraloría General de la República, institución que, a través, de un informe estableció que, “los municipios no tienen facultades para la venta de gas licuado y que se requerirá un cambio en la normativa legal”. De esta forma, la idea queda, por el momento congelada.
Al respecto, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, dijo que la Contraloría, “debería orientar y no obstaculizar para hacer bajar los precios. Nos parece muy extraño que esta iniciativa encuentre tantos reparos, cuando en líneas generales, a todo el país le afecta. El negocio es demasiado lucrativo y robusto, casi sin control ni contrapeso y esa situación no la vamos a tolerar. Las autoridades municipales nos vemos obligados a intervenir en resguardo de los vecinos y vecinas que representamos. Por tanto, vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias e impediremos que se siga abusando de la gente”.