"La justicia tarda, pero llega", fue la frase con la que el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, graficó el resultado de la audiencia en que el Juzgado de Garantía de la ciudad decretó la prisión preventiva del exalcalde Luis Berwart Araya, Pablo Bravo, Leonidas Quiroga y Carlos Bozzo por su implicancia en la defraudación y delitos conexos en la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf).
El tribunal, tras una extensa jornada de exposiciones, estimó que los inculpados constituyen un peligro para la sociedad y colocan en riesgo el avance de la investigación, fijando en 90 días el plazo para desarrollar las indagatorias del caso.
Al respecto, el alcalde Silva recordó que en este proceso se mantiene como querellante en calidad de persona natural, tras emprender acciones penales el año 2016. "Como lo dijimos hace unos días, este es el principio del fin de la impunidad en San Fernando. Se ha logrado acreditar que ha habido una maquinaria para defraudar la Corporación Municipal, a través de creación de empresas de papel, contratación de funcionarios fantasmas y una serie de otras formas, desde donde se sustrajeron más o alrededor de 3.000 millones de pesos, que es lo que sabemos hasta el día de hoy"
Asimismo anunció que la Cormusaf se va a hacer parte con una querella, o bien, se va a anexar a la que él interpuso y a la del Consejo de Defensa del Estado (CDE) "y, si es necesario, también vamos a emprender acciones civiles para poder lograr recuperar el patrimonio de San Fernando.
"Esta es una situación que se arrastra allá por mucho tiempo, no sólo del período que se está investigando, y eso lo saben todos los sanfernandinos que alrededor de 20 años atrás que se viene dando esta esta situación (...) aquí hay cómplices pasivos como el propio Estado que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer respecto de exigir las rendiciones de los recursos de los ministerios de Salud y Educación; ha habido partidos políticos que de una u otra forma, callaron la situación que ocurría en San Fernando y la verdad es que esperamos que todo esto pueda salir a la luz dentro de todos estos tres meses para que de una vez por todas, nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que hacen tanto daño", declaró la autoridad colchaguina.
Por lo anterior el jefe comunal expresó su confianza en que el Ministerio Público pueda seguir acreditando los ilícitos que se detecten y perseguir a todos los responsables, para que nunca más esto vuelva a pasar.
Silva agregó que como querellante va a seguir aportando pruebas de probables fraudes que se detecten, y de hecho, "vamos a reforzar desde la Corporación Municipal el equipo que está dedicado a hacer ese es trabajo para poder lograr acreditar la existencia de otros delitos. Ayer quedó clarísimo que en esta maquinaria no son sólo los cinco formalizados, sino que hay muchos más que directa o indirectamente de una u otra forma siendo parte de esta situación grave para San Fernando y, por lo tanto, nosotros vamos a aumentar también las querellas".
El Ministerio Público argumentó en la audiencia que los delitos se cometieron mediante la creación de empresas 'fantasmas', utilización de sociedades que no prestaron servicios pagados y el cobro de dineros por funcionarios activos de la propia Cormusaf.