Un requerimiento por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa fue presentado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de O'Higgins en contra del exalcalde de Mostazal, Santiago Aquiles Gárate Espinoza. La acción busca que la exautoridad sea declarada inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años y sostiene que durante su administración se utilizaron más de $988 millones provenientes del Fondo de Casinos para fines distintos a los establecidos por la ley. Los antecedentes tienen como base un sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional de O'Higgins por eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos.
¿Qué concejales impulsan la acción?
El requerimiento, al que Hora de Noticias tuvo acceso, fue presentado por la abogada Andrea Reyes Romero en representación de los concejales Teresita Reyes Ovalle, Luis Cantillana Pinto, Jesús Orellana Prado y Samuel Silva Sepúlveda, quienes constituyen al menos un tercio del Concejo Municipal, requisito establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para este tipo de acciones. En la presentación solicitan que el TER declare que el exalcalde incurrió en notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa.
¿Qué hechos fundamentan el requerimiento?
De acuerdo con el escrito, la acción se sustenta en un sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional de O'Higgins respecto de eventuales irregularidades en el uso de fondos provenientes del impuesto a los casinos de juego, recursos que por ley deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras de desarrollo. Los requirentes sostienen que durante la administración del exalcalde Santiago Gárate Espinoza dichos recursos fueron utilizados para financiar gastos operacionales de la Corporación Cultural de Mostazal, labores de mantención y conservación de áreas verdes, además del servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios.
¿Cuáles son los montos cuestionados?
Según el requerimiento, entre los recursos cuestionados figuran $122.000.000 destinados a gastos operacionales de la Corporación Cultural de Mostazal; $220.962.006 utilizados para la mantención, rehabilitación, conservación y creación de plazas, áreas verdes y parques; y $651.812.040 destinados al servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios, limpieza de calles y veredas y aseo de ferias libres de la comuna. En su fundamentación jurídica, la acción sostiene que el uso irregular de recursos públicos supera los $988 millones, cifra que el documento fija en $988.971.572, monto que, según los requirentes, evidencia un perjuicio al patrimonio municipal y fundamenta la solicitud de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Los montos forman parte de los antecedentes expuestos en el requerimiento y serán materia de análisis durante la tramitación de la causa.
¿Qué resolución solicitan al tribunal?
En el petitorio, los concejales solicitan que el Tribunal Electoral Regional declare que Santiago Aquiles Gárate Espinoza incurrió en la causal de notable abandono de deberes y/o contravención grave a la probidad administrativa. Asimismo, piden que se aplique la sanción contemplada en el artículo 60 de la Ley N° 18.695, consistente en la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años.
¿Qué señalaron los concejales?
Hora de Noticias envió consultas a los cuatro concejales que presentaron el requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de O'Higgins. Al cierre de esta edición respondieron la concejala Teresita Reyes Ovalle y el concejal Samuel Silva Sepúlveda, cuyas declaraciones se incluyen a continuación.
La concejala Teresita Reyes Ovalle señaló que la presentación del requerimiento responde a la obligación fiscalizadora del Concejo Municipal luego de conocer el informe de la Contraloría Regional.
"La administración, al poner en conocimiento de este cuerpo colegiado el informe de la Contraloría Regional, que acredita la responsabilidad administrativa en los hechos investigados, nos obliga como concejales a presentar ante el Tribunal Electoral un requerimiento por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa por parte del exalcalde Santiago Gárate Espinoza", sostuvo.
Añadió que, a su juicio, el informe del órgano contralor "es claro y sostiene que hubo irregularidades significativas en el uso de fondos públicos, específicamente aquellos provenientes de la Ley Casino Nº 19.995".
Respecto del proceso que deberá conocer el Tribunal Electoral Regional, indicó que espera que se evalúe la gravedad de los hechos y, de acreditarse las infracciones, se aplique la sanción contemplada en la ley. "Si se comprueban estas infracciones, buscamos que se aplique la máxima sanción: la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de cinco años", expresó.
Finalmente, Reyes afirmó que la acción busca resguardar el correcto uso de los recursos municipales. "El principal rol de un concejal es fiscalizar el buen uso de los recursos; por lo tanto, mi compromiso es garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada, asegurando que los recursos provenientes de la Ley Casino se empleen correctamente y en beneficio de la comunidad", concluyó.
Por su parte. el concejal Samuel Silva Sepúlveda, uno de los requirentes, señaló que la presentación ante el Tribunal Electoral Regional se originó tras el informe emitido por la Contraloría General de la República, el que derivó en la instrucción de un sumario administrativo al exalcalde Santiago Gárate Espinoza y a otros funcionarios municipales.
"En sesión de concejo municipal, la asesora jurídica del municipio nos solicitó el acuerdo para remitir dicho informe al TER y continuar con el trámite administrativo, para que ese tribunal se pronuncie dentro de su competencia", explicó.
Respecto de las expectativas sobre el proceso, Silva sostuvo que corresponde al Tribunal Electoral Regional determinar las eventuales sanciones. "No soy quien para establecer si debe ser inhabilitado o no para ejercer un cargo público. Lo que correspondía a este cuerpo colegiado era remitir el informe al TER", afirmó.
Finalmente, llamó a respetar el desarrollo de la causa y el funcionamiento de las instituciones. "Es importante dejar que las instituciones realicen las acciones que correspondan y no entorpecer las diligencias, para asegurar un debido proceso", manifestó.
¿Qué ocurrirá con la causa?
Los antecedentes fueron remitidos por el Tribunal Calificador de Elecciones al Tribunal Electoral Regional de O'Higgins para su tramitación. Corresponderá ahora al TER conocer el requerimiento, analizar los antecedentes aportados por las partes y resolver si concurren o no las causales invocadas por los concejales para declarar la inhabilidad solicitada.