Índice del Contenido
- 1 ¿Cómo se originó la investigación de Contraloría?
- 2 ¿Por qué Contraloría ordenó la disolución de la corporación?
- 3 ¿Qué irregularidades detectó el organismo fiscalizador?
- 4 ¿Qué pasa con los concejales involucrados en la votación?
- 5 ¿Hubo traspaso de recursos a la corporación?
- 6 ¿Qué ocurrirá ahora con la investigación?
- 7 Leer el Oficio de Contraloría
El 18 de marzo, la Contraloría General de la República de Chile determinó que la Municipalidad de Doñihue no se ajustó a derecho en la creación de la “Corporación Municipal de Cultura, Deportes y Recreación Doñihue – Lo Miranda”, instruyendo su disolución en un plazo de 30 días hábiles. (Ver oficio de Contraloría aquí)
¿Cómo se originó la investigación de Contraloría?

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la concejala de Doñihue, Pía Droguett Rojas, quien advirtió que el municipio habría creado la Corporación sin la aprobación previa del Concejo Municipal, requisito esencial establecido por la ley.
Según expuso la autoridad comunal, la Corporación incluso habría comenzado a operar desde diciembre de 2025, contemplando gastos en el presupuesto municipal 2026, además de advertir que algunos prestadores de servicios mantenían contratos a honorarios con la municipalidad mientras, en paralelo, desempeñaban funciones en la Corporación, antecedentes que fueron considerados en el análisis del organismo fiscalizador.
Hora de Noticias consultó a la concejala Pía Droguett, quien señaló que detectó la irregularidad en diciembre de 2025, al revisar el presupuesto municipal 2026, donde aparecía un ítem de $500 millones destinado a una Corporación que —según constató— no había sido aprobada por el Concejo Municipal. Tras recibir una respuesta que vinculaba su aprobación al PMG 2025, decidió denunciar el caso ante Contraloría.

Droguett sostuvo que, a su juicio, no se trató de una simple negligencia, sino de una situación más grave, ya que desde el municipio se insistía en que la Corporación era legal, pese a que ya estaría operando de hecho, con personal contratado, implementación adquirida y gestiones en curso.
En cuanto al impacto, advirtió que el uso de recursos proyectados era significativo, con un 87,4% del presupuesto destinado a remuneraciones, incluyendo personal administrativo y decenas de talleristas.
Respecto a responsabilidades, la concejala Pía Droguett indicó que estas deberán determinarse mediante una investigación sumaria interna ya solicitada, mientras que también confirmó la existencia de posibles conflictos de interés de concejales, cuyos antecedentes podrían ser llevados al Tribunal Electoral Regional.
Finalmente, señaló que, pese a dudas iniciales sobre el cumplimiento del dictamen, el municipio ya emitió un decreto para disolver la corporación, junto con iniciar una investigación interna para establecer responsabilidades.
¿Por qué Contraloría ordenó la disolución de la corporación?
El órgano fiscalizador concluyó que la entidad fue constituida en noviembre de 2025 y no se ajustó a la normativa vigente, ya que fue integrada únicamente por personas naturales, lo que contraviene lo establecido en la Ley N°18.695, que exige que este tipo de corporaciones se conformen con personas jurídicas o entidades del sector público.
Además, se determinó que la creación de la Corporación se realizó sin contar con la aprobación previa del concejo municipal, trámite considerado esencial por la normativa. En ese sentido, la Contraloría precisó que la aprobación posterior realizada en enero de 2026 no subsana el vicio de origen.
¿Qué irregularidades detectó el organismo fiscalizador?
El informe también establece que la municipalidad intentó justificar la creación de la Corporación Municipal de Doñihue señalando que esta se encontraba contemplada en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG) 2025, argumento que fue descartado por Contraloría, al no equivaler a una aprobación formal del concejo.
Asimismo, se advirtió que la entidad comenzó a operar de hecho antes de cumplir con los requisitos legales, lo que refuerza la conclusión de que su constitución no se ajustó al marco jurídico vigente.
¿Qué pasa con los concejales involucrados en la votación?
El dictamen también abordó la participación de concejales que, siendo socios de la Corporación, participaron en la votación del presupuesto municipal 2026 —que contemplaba recursos para la entidad— y en la sesión que ratificó su creación.
No obstante, la Contraloría aclaró que no tiene facultades para sancionar a concejales, por lo que cualquier eventual infracción al principio de probidad deberá ser determinada por el Tribunal Electoral Regional correspondiente.
¿Hubo traspaso de recursos a la corporación?
Respecto a posibles transferencias de dinero, el organismo fiscalizador señaló que, según antecedentes del propio municipio, no se registraron traspasos de recursos ni convenios suscritos con la corporación hasta febrero de 2026, por lo que las denuncias en esa materia fueron desestimadas.
¿Qué ocurrirá ahora con la investigación?
Finalmente, la Contraloría indicó que otras denuncias relacionadas con contrataciones y funcionamiento de la corporación serán evaluadas en futuros procesos de fiscalización, quedando como insumo para eventuales auditorías del organismo.