Índice del Contenido
30 de abril plazo fatal
Una verdadera situación de incertidumbre es la que por estos días están viviendo los trabajadores de parquímetros de la comuna de San Fernando. Esto, producto de que el 30 de abril finaliza la licitación y el permiso provisorio que les otorgaba la autorización para hacerse cargo de los cobros por estacionamientos en la comuna.
Una concesión encubierta
Claudio Herrera, director de Administración y Finanzas (DAF) del municipio, explicó que “a través del informe N°312 del 11 de marzo del 2021, enviado por la Contraloría General de la República (CGR), nos comunica que debemos terminar con esta autorización porque representa una concesión encubierta, lo cual nosotros no compartimos. Hay varios municipios que han realizado lo mismo, puesto que es una facultad del alcalde la administración del bien nacional de uso público”.
Rebajar los montos al municipio
Este problema se remonta hace algunos años. “En octubre del 2019, cuando comenzó el estallido social, la empresa MyR Estacionamientos que se había ganado la concesión, no pudo trabajar por una baja importante en el ingreso de los recursos. En las reuniones que tuvimos con ellos, nos solicitaron rebajar los montos que entregaban al municipio al 50%, lo cual fue aceptado siempre y cuando se les diera prioridad al pago de las imposiciones y remuneraciones de sus trabajadores”, argumentó Herrera.
Permiso provisorio a Luis Jiménez Lobos
Junto con lo anterior, el profesional recalcó que “tras los reiterados atrasos en sus pagos, la empresa abandonó sus labores sin avisarle a nadie. En esta situación, los trabajadores y dirigentes presentaron demandas contra el municipio, ante lo cual nosotros también emplazamos a la empresa por lo que se dejó de percibir. En este contexto y con toda la gente que quedó cesante, el alcalde Luis Berwart decidió entregar un permiso provisorio a Luis Jiménez Lobos, representante de una de las empresas que participó en la anterior licitación, con la condición que pudiera incorporar a éstos y los contratara. Sin embargo, este permiso finaliza en abril del presente año”.
Un complejo escenario
Sin lugar a dudas, un complejo escenario en el que está trabajando el municipio para lograr una solución. “Vamos a presentar una reposición administrativa contra la Contraloría basado en la Ley de Tránsito, específicamente en el artículo que se refiere a que el alcalde es el que administra el bien nacional de uso público, como también la Ley Orgánica de Municipalidades, que dota de estas y otras facultades a la primera autoridad comunal”, aseguró el encargado de la DAF.
“A través de un convenio que tenemos con la Contraloría, donde ciertas licitaciones que correspondan a un monto significativo, el municipio puede entregar un borrador de las bases para que el ente fiscalizador revise esa documentación, haga sus observaciones y finalmente nosotros licitemos con base administrativa-técnica ya visada. Es en eso en lo que nos encontramos ahora”, afirmó Claudio Herrera.
Sin embargo, esto no se resuelve en unos tres o cuatro meses. Además, dada la situación en la que atraviesa la comuna, es probable que no aparezcan oferentes, porque las empresas no tienen ninguna certeza de si van a poder o no trabajar. Si no tienen ingresos, no pueden cumplir con la concesión y menos pagar los sueldos de los trabajadores, imposiciones y todo lo que ello significa.