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La diputada Natalia Romero manifestó su preocupación por las presuntas irregularidades detectadas en el marco de la licitación 18-20 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, antecedentes que fueron derivados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado para su investigación.
¿Qué irregularidades fueron denunciadas?
Según los antecedentes conocidos, la empresa Soser S.A. habría recibido más de $14 mil millones por servicios relacionados con la entrega de onces a estudiantes de la Región de O'Higgins que, de acuerdo con lo auditado, no habrían sido proporcionados. Entre las observaciones detectadas figuran bases de licitación sin bandas de precio, valores por ración superiores al promedio del mercado y modificaciones contractuales que habrían incrementado pagos y proyecciones de raciones.
¿Qué cuestionó la diputada Natalia Romero?
La parlamentaria calificó los hechos como especialmente graves debido a que involucran un programa destinado a la alimentación de estudiantes. “Estamos hablando de la comida de nuestros niños y niñas. Para muchos de ellos, la alimentación que reciben en recintos educacionales es su única comida del día y según lo auditado está nunca llegó”, señaló.
Romero añadió que las eventuales irregularidades no pueden ser consideradas simples errores administrativos y sostuvo que los responsables deben enfrentar las consecuencias correspondientes.
¿Por qué se investiga el aumento de pagos y raciones?
Entre los antecedentes denunciados se encuentra una modificación contractual que habría aumentado el pago garantizado a la empresa y elevado las raciones proyectadas, pese a que estas no habrían sido efectivamente entregadas. La parlamentaria afirmó que estos hechos requieren una investigación exhaustiva para determinar eventuales responsabilidades administrativas y judiciales.
¿Qué acciones anunció la parlamentaria?
La diputada también cuestionó el rol de quienes habrían autorizado las modificaciones contractuales y manifestó preocupación por la eventual relación entre exfuncionarios de Junaeb y la empresa involucrada.
Finalmente, anunció que realizará un seguimiento permanente del caso desde el Congreso y que presentará oficios para conocer el avance de las investigaciones y exigir que se determinen las responsabilidades correspondientes.