Índice del Contenido
La diputada Natalia Romero destacó la aprobación en el Congreso de su proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles dentro de las salas de clases en todos los niveles educativos. La parlamentaria afirmó que la iniciativa “responde a una demanda urgente de las comunidades educativas, los padres y los propios profesores, que ven cómo el mal uso de la tecnología interrumpe y deteriora el proceso de aprendizaje”.
Regulación para proteger el ambiente escolar
Romero explicó que el objetivo central del proyecto es ordenar y regular el uso de dispositivos móviles, estableciendo un marco claro que permita resguardar el ambiente escolar y fomentar un uso adecuado de la tecnología. Según detalló, “no se trata de demonizar los dispositivos, sino de asegurar que no interfieran en las clases que realizan los profesores y que se utilicen solo cuando realmente aportan a la educación”.
Ejes principales de la nueva normativa
La diputada señaló que el proyecto incorpora medidas orientadas a evitar interrupciones durante las clases y a fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Educación. La propuesta también se basa en evidencia que alerta sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y busca promover un uso responsable de las tecnologías mediante la integración de las TIC con fines pedagógicos. La iniciativa incorpora además la “Educación Digital” como principio rector del sistema educativo y define la categoría de “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”.
Excepciones y uso permitido en situaciones específicas
Romero aclaró que la prohibición no será absoluta. El proyecto contempla excepciones en casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia, condiciones de salud que requieran monitoreo, actividades curriculares o extracurriculares y solicitudes fundadas de apoderados por razones de seguridad personal o familiar. En educación media, los establecimientos podrán definir horarios y espacios específicos fuera de las horas lectivas para el uso de celulares, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.
Implementación y evaluación futura
La normativa comenzará a regir al inicio del año escolar 2026, y los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio de ese año para adecuar sus reglamentos internos. Además, el Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 un informe sobre los efectos de la ley en convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas digitales. Romero reiteró su compromiso de “seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el aprendizaje, reduzcan las brechas y devuelvan a la sala de clases su propósito central: educar, formar y acompañar a nuestros niños y jóvenes en su desarrollo. La educación es la mejor herramienta que podemos darle a los estudiantes y por eso hay que protegerla y fortalecerla”.
