Los diputados por el distrito 15 de la Región de O'Higgins, Natalia Romero y Raúl Soto, solicitaron la renuncia de la rectora de la Universidad de O'Higgins, Fernanda Kri, tras cuestionar su respuesta frente a la crisis que, a su juicio, enfrenta la institución. Ambos parlamentarios sostuvieron que los problemas corresponden a una deficiente gestión administrativa y respaldaron sus críticas con antecedentes contenidos en un informe de la Contraloría Regional.
¿Qué cuestionó la diputada Natalia Romero?
La diputada Natalia Romero afirmó que la actual administración perdió la capacidad de resolver la situación que afecta a la casa de estudios. "La conducción actual de la Universidad de O’Higgins perdió la capacidad de resolver esta crisis", señaló, agregando que existen carreras paralizadas, docentes sin pago y renuncias de equipos completos. Asimismo, sostuvo que la rectora "debe dar un paso al costado" para iniciar una nueva etapa que permita recuperar la confianza en la institución.
¿Qué respondió sobre la naturaleza de la crisis?
Romero precisó que su denuncia no apunta a una crisis financiera, sino a problemas de administración. "Nuestra queja es de administración completa. Esto es contratos sin respaldo, funcionarios sin pago, ausencia de control interno y un gasto cuestionado de más de 71 millones que la Contraloría ya está reparando. Eso no es un problema de plata, es un problema de gestión", afirmó.
¿Por qué el diputado Raúl Soto pidió la renuncia?
El diputado Raúl Soto sostuvo que la responsabilidad de la crisis institucional recae en la rectora, indicando que las dificultades se arrastran desde hace varios años. "Acá lo que hay es una grave crisis institucional de gestión", manifestó, agregando que la Universidad de O'Higgins debe estar por encima de las personas que la dirigen y que, por el bien de su futuro, corresponde que la autoridad universitaria deje el cargo.
¿Qué observaciones formuló la Contraloría?
Según el Informe Final N° 760 de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, emitido el 26 de diciembre de 2025, la auditoría detectó diversas irregularidades en la gestión de honorarios de la universidad. Entre ellas figuran convenios sin el respaldo administrativo exigido por ley, un gasto objetado de $71.598.881 en una prestadora externa, retrasos de hasta 351 días hábiles en pagos de honorarios, contratos que excedían el límite legal de horas y deficiencias en la definición y control de las funciones contratadas.