El Tribunal Constitucional informó que cuatro disposiciones relevantes del proyecto de ley Escuelas Protegidas fueron declaradas inconstitucionales, entre ellas la revisión de mochilas, vestimentas y pertenencias de estudiantes, además de normas relacionadas con la pérdida o inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior por determinados delitos vinculados a violencia escolar.
¿Qué efectos tiene la decisión del Tribunal Constitucional?
La académica del diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Francisca Bascuñán, sostuvo que "si bien no fue invalidada la totalidad del proyecto, sí se le asesta un duro golpe pues se rechazan los temas íconos de la misma". Añadió que algunas disposiciones seguirán vigentes, como aquellas relacionadas con sanciones a conductas violentas y el fortalecimiento de procedimientos de expulsión.
¿Qué medidas del proyecto continuarán vigentes?
Según explicó la especialista, se aprobó fortalecer las facultades disciplinarias de los profesores dentro del aula, como el retiro de estudiantes de la sala de clases, materia que indicó ya se encuentra regulada en el Estatuto Docente. Asimismo, continuará el reforzamiento de los procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula conforme a la legislación educacional vigente.
¿Por qué la académica cuestiona la nueva regulación?
Bascuñán afirmó que "la regulación de esta materia está sobre normada y actualmente con normativas contradictorias". En ese contexto, mencionó que estas materias ya están contempladas en Aula Segura, la Ley de Inclusión Educativa, el DFL de subvenciones, la Ley 21.809 sobre convivencia educativa y diversos dictámenes de la Superintendencia de Educación.
¿Qué otras normas ya están contempladas en la legislación?
La académica señaló que medidas como la protección de docentes y asistentes de la educación, la tipificación de conductas violentas y el resguardo de la seguridad al interior de los establecimientos educacionales ya se encuentran reguladas por la Ley 21.809 y otras normas vigentes del sistema educativo.