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En esta columna de opinión del periodista Lenin Arroyo, se abordan una serie de cuestionamientos vinculados a presuntas irregularidades en la Seremi de Salud de O’Higgins durante la pandemia, basados en antecedentes de un informe de la Contraloría General de la República.
En el análisis, se hace referencia al informe final de auditoría N°458 de 2022, el cual —según se expone— detectó situaciones como pagos duplicados en servicios de seguridad en residencias sanitarias, gastos sin justificación en servicios informáticos y la ausencia de cobro de multas por incumplimientos contractuales.
El periodista califica estos hechos como graves y señala que “se establecen conclusiones graves sobre compras ejecutadas durante la pandemia”, advirtiendo además sobre una eventual pérdida de recursos fiscales.
La columna sostiene que, tras estos hallazgos, se iniciaron juicios de cuentas contra funcionarios que ocupaban cargos directivos, apuntando a su rol en la autorización y validación de contratos.
Entre los nombres mencionados figuran jefaturas de distintas áreas, además del exseremi de Salud Pablo Ortiz, respecto de quien "ya había sido indagado por la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos, cuando ejerció como encargado de finanzas del Instituto de Salud Pública en Santiago. ¿La acusación? Haber pagado un monto millonario por un software que nunca se utilizó. ¿Le suena conocido? ¿Es coincidencia?"
Investigaciones habrían sido parciales y con demoras
Uno de los focos centrales de la columna es el cuestionamiento al avance de los procesos administrativos. Según se plantea, las investigaciones habrían sido parciales y con demoras, lo que podría derivar en la prescripción de responsabilidades.
En ese sentido, se advierte que “la dilación además injustificada del proceso” y la falta de indagación a todos los involucrados podrían impedir sanciones efectivas, agregando que incluso no se habría considerado la declaración de testigos relevantes.
Seremi Zavando repuso en el cargo a funcionario cuestionado por Contraloría
La columna también apunta a decisiones recientes en la Seremía de Salud, encabezada por Daniela Zavando, particularmente por la reposición en funciones de un directivo que estaría vinculado a los procesos observados.
"La nueva administración del presidente José Antonio Kast que designó como seremi a Daniela Zavando en el área de salud, ella ha repuesto en el cargo de jefe del departamento jurídico justamente al funcionario perseguido por el ente contralor en el juicio de cuentas de la Contraloría, sin considerar la implicancia que le puedan afectar mientras se desarrollan estos procesos en los sumarios derivados de los mismos y donde el funcionario está directamente involucrado. ¿Cómo se entiende esta acción de la nueva seremi cuando se señaló que iba a haber una auditoría?"
En ese contexto, se plantean dudas sobre el cumplimiento de compromisos en materia de fiscalización, señalando: “¿Se va a cumplir la promesa de realizar verdaderas y efectivas auditorías al Estado o esperarán a que estos sumarios prescriban?”.
¿Cuál es el impacto económico y el llamado final de la columna?
De acuerdo con lo expuesto, el eventual perjuicio al patrimonio fiscal podría bordear los 120 millones de pesos al año 2026.
Finalmente, el periodista enfatiza la necesidad de esclarecer responsabilidades y resguardar la probidad en la función pública, afirmando que “los ciudadanos merecen saber la verdad” y que este tipo de situaciones no debe quedar impune, más allá de posiciones políticas.