En la zona norte de nuestro país, cientos de migrantes provenientes de Latinoamérica y el Caribe ingresan irregularmente por pasos fronterizos no habilitados, en muchos casos familias completas recorren el peligroso y hostil camino desértico, bajo la esperanza de encontrar en nuestras tierras un mejor porvenir.
Las personas que han ingresado a Chile por pasos no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, según los datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes a través de solicitud de Transparencia. Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular, intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por COVID-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y en otros países de la región como Haití.
En términos de seguridad y orden público, los medios de comunicación han inundado las redes con cientos de imágenes y videos que evidencia de forma explicita la violencia y discriminación a las cuales se encuentran sujetos los migrantes indocumentados, pero de la misma manera alertan sobre el crimen organizado que bandas delictuales compuestas por migrantes lideran en la zona norte del país.
En medio de una oleada mundial de migración producida por el cambio climático y el fracaso de varios gobiernos socialista y dictaduras de derecha, nuestro país no puede ni tiene la posibilidad de darle la espalda a dicha realidad
En educación, el flujo migrante ha crecido exponencialmente, según el Servicio Jesuita Migrantes son 178.060 estudiantes extranjeros matriculados en el sistema escolar chileno en 2020, y representan un 4,9% de las matrículas totales.
Según una investigación del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2018, la mayoría de los chilenos se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos”, de acuerdo a lo que perciben los encuestados, en tanto que consideran a las personas migrantes como más “sucias” que la población chilena.
Si bien esto último es transversal, se acentúa en las personas mayores (20,2%), en la zona norte (17,3%) y en la Región Metropolitana (24,7%). Dichos prejuicios también se han evidenciado en múltiples investigaciones educacionales, en donde destacan la relacionadas a las denuncias presentadas por discriminación ante la Superintendencia de Educación entre los años 2014-2015, de las cuales el 32% fue en relación al origen étnico y/o territorial de los estudiantes. Las principales denuncias fueron realizadas en centros educativos de la Zona Norte del País con un 54% de preminencia por sobre el resto de las regiones.
Lo anterior se vuelve aún más complejo en la medida que nuestro país no cuenta con una política de Educación Intercultural, lo que implica una formación precaria en dicha materia para los futuros profesores que deberán afrontar el desafío de educar en dichos escenarios multiculturales. El profesorado en ejercicio no tiene a mano una robusta oferta de formación continua y gratuita que pueda revertir de alguna manera los vacíos en términos de intercultural de su formación inicia docente. Finalmente el currículo nacional no ha generado los espacios de dialogo intercultural, mediante reformas de fondo de los contenidos, habilidades y actitudes a desarrollar en los futuros ciudadanos chilenos que son parte de un mundo globalizado y multicultural.
Nelson Castañeda Vicencio
Profesor de Historia
Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos
Candidato a Doctor en Educación
Director de la Escuela Monseñor Enrique Cornejo
Fundador de Neuroinnova SpA