En estos últimos meses, el país y el mundo, han debido enfrentar una de las más grandes crisis sanitarias de la que se tenga recuerdo, golpeando indiscriminadamente a todos los segmentos sociales, en especial a los que cuentan con menos recursos para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Es por ello, que el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados al proyecto de reforma constitucional que permite a los chilenos retirar hasta un 10% de sus fondos de las AFP para enfrentar las urgencias económicas derivadas de la pandemia del Coronavirus, vino a derribar el dogma que daba por sentado que el sistema era "intocable".
Las "verdades sagradas" con relación a modelos como las AFP o las Isapres se han derrumbado como un castillo de naipes y es la propia comunidad que aboga activamente por introducir modificaciones sustanciales a ambos sistemas.
En el caso del retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales, ahora es el Senado el que tiene la última palabra. Confío en que los integrantes de la Cámara Alta, sin dejarse llevar por órdenes de partido, voten el proyecto en conciencia, sólo pensando en la angustiante realidad económica que enfrentan millones de chilenos.
Pese a los anuncios y acciones gubernamentales para tratar de paliar la alicaída situación de miles de chilenos, la iniciativa aprobada en general por los diputados, constituye un hito relevante que va en la dirección correcta para atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, que no han sido cubiertas por las políticas públicas.
Abogamos que el proyecto de reforma constitucional sobre el retiro de hasta un 10% de los fondos de las AFP llegue a buen puerto en la Cámara Alta. Lamentablemente, hemos sido testigos de que el tema sigue generando controversias, llegando incluso a instalar una polarización y división sin sentido.
Es por ello, que resulta fundamental que aquellos parlamentarios que objetan la reforma, recapaciten y piensen que estamos ante un acto de justicia para con todos los que se han visto afectados y a la vez contribuyan a mitigar los problemas generados por la crisis sanitaria.
El clamor ciudadano se ha hecho sentir y de allí que las autoridades del Gobierno deben allanarse a que esta propuesta sea una realidad en lo mediato, con las regulaciones necesarias a fin de evitar trastornos mayores para el país.
En estos momentos complejos, es el Poder Legislativo el que tiene la respuesta para quienes deben afrontar la crisis y cubrir sus necesidades para superar los embates de la pandemia.
Por su parte, el Ejecutivo debe redoblar sus esfuerzos en seguridad social para enfrentar esta nueva normalidad que surgirá una vez que el Covid-19 vaya en retirada.
Tal como en octubre del 2019 apoyamos las reivindicaciones de la ciudadanía, ahora exhortamos al mundo político a llegar a diagnósticos transversales sobre la necesidad de realizar modificaciones al sistema de las AFP, tomando en cuenta que aún queda mucho que mejorar en pensiones, salud y educación, temas de primera necesidad para las familias chilenas.
Luis Berwart Araya
Alcalde de San Fernando