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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Roberto Mario Tapia Salazar a 4 años de presidio efectivo, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena. El fallo, emitido de manera unánime, lo responsabiliza como autor del delito consumado de incendio en inmueble habitado, ocurrido en diciembre del año pasado en la comuna.
Los hechos del incendio
Según el tribunal, compuesto por los magistrados Carlos Pérez Díaz, Daniel Ocampo Rubio y Marisol López Machuca, el 18 de diciembre de 2023, alrededor de las 08:30 horas, Tapia Salazar sostuvo una acalorada discusión con su pareja, M.P.D.A., dentro de la vivienda de J.P.G.G., ubicada en la población 18 de Septiembre de San Fernando. Durante la discusión, Tapia Salazar amenazó con quemar la ropa de la mujer y, acto seguido, prendió fuego a las pertenencias dentro de la casa.
Daños ocasionados por el incendio
El incendio, provocado intencionalmente por Tapia Salazar, destruyó completamente la vivienda de J.P.G.G. y se extendió a la casa colindante, donde en ese momento dormía P.A.G.I., quien logró escapar a tiempo. A pesar de los esfuerzos de vecinos y bomberos, ambas casas fueron completamente consumidas por las llamas.
Pruebas y confesión del acusado
El fallo destacó que la participación de Tapia Salazar en el delito quedó acreditada mediante testimonios que relataron la discusión previa, la amenaza de quemar la ropa, y la rápida aparición del fuego, vinculando claramente al acusado con el hecho. Además, el comportamiento de Tapia al intentar detener el fuego y luego huir cuando llegaron los carabineros reforzó su implicación en el delito.
Durante el juicio, el propio Tapia Salazar asumió su responsabilidad, admitiendo que él había iniciado el incendio con un encendedor dentro de la vivienda.
Medidas adicionales
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de Roberto Tapia Salazar para registrar su huella genética en el registro nacional de ADN de condenados.