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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando dictó condena de cumplimiento efectivo contra Patricio Alejandro Valenzuela Valenzuela, imponiéndole una pena de 8 años de presidio por el delito frustrado de robo en lugar habitado, además de las accesorias legales correspondientes de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. El fallo se refiere a hechos ocurridos en enero del año 2025, en la comuna de San Fernando.
Hechos acreditados por el tribunal
El tribunal estableció, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 04:00 horas del 28 de enero de 2025, Valenzuela Valenzuela llegó hasta un laboratorio ubicado en calle José Miguel Carrera, donde forzó la chapa del portón de acceso con la intención de sustraer especies. Tras ser alertado, el encargado del recinto, S.H.S.E., concurrió junto a personal de Carabineros, instante en que los funcionarios verificaron que el acusado había dejado un vibrador para concreto inalámbrico, marca Makita, colgado en la reja perimetral antes de huir del lugar.
Segundo ingreso delictual en menos de una hora
Aproximadamente treinta minutos después, el acusado ingresó a un domicilio particular cercano, ubicado en la misma calle José Miguel Carrera. Para ello, saltó el muro medianero desde el patio de una vivienda contigua y aprovechó un vehículo estacionado en el interior. Desde ese domicilio, logró sustraer una caja con artículos de oficina y útiles escolares, los cuales mantenía acopiados al momento de ser detenido por Carabineros.
Absolución por falta de participación acreditada
Si bien la Fiscalía también le atribuía autoría en un segundo delito de robo en lugar habitado, el tribunal decretó su absolución por falta de acreditación de su participación en ese hecho, resolviendo que no se contaba con pruebas suficientes para sostener dicha imputación.
Condena y efectos legales
Con la sentencia, Valenzuela Valenzuela deberá cumplir de manera efectiva la pena impuesta, sin posibilidad de ejercer cargos públicos ni profesiones titulares durante la condena, mientras que el caso quedó cerrado respecto de los hechos acreditados en juicio.