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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Lenin Fabricio Cacuango Casco a la pena de siete años de presidio efectivo como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. Los hechos ocurrieron en abril de 2025 en la población Algarrobo de la capital regional.
¿Cómo se originó el procedimiento policial?
De acuerdo con el fallo, el 29 de abril de 2025 Carabineros concurrió a un block de departamentos de la población Algarrobo tras recibir una denuncia relacionada con una fuga de agua que estaría afectando a otros inmuebles.
Al llegar al lugar, los funcionarios se dirigieron al departamento desde donde presuntamente provenía el problema. Según estableció el tribunal, cuando el acusado abrió la puerta y advirtió la presencia policial, intentó cerrarla e ingresó nuevamente al inmueble.
¿Qué hallaron los funcionarios en el lugar?
El fallo señala que uno de los carabineros observó al imputado lanzar varios paquetes hacia el exterior del departamento. Tras revisarlos, verificó que contenían marihuana, situación que motivó la detención inmediata del sujeto. Posteriormente, durante el registro del inmueble, se encontraron más paquetes con droga, además de dos balanzas digitales, teléfonos celulares y armamento.
¿Cuánta droga y armas fueron incautadas?
Según lo acreditado en el juicio, la droga correspondía a marihuana elaborada, la que tras su pesaje alcanzó un total de 10 kilos, 86 gramos y 900 miligramos.
Asimismo, Carabineros incautó una escopeta calibre 16, un revólver calibre .38 y diversas municiones. Los peritajes determinaron que ambas armas se encontraban en condiciones de funcionamiento y eran aptas para el disparo.
¿Qué otras sanciones impuso el tribunal?
Además de la pena por tráfico de drogas, el tribunal condenó a Cacuango Casco a cuatro años de presidio efectivo por el delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego, decisión adoptada con el voto en contra de uno de los magistrados.
La sentencia también contempla el pago de una multa de 15 UTM, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la incorporación de la huella genética del condenado al Registro Nacional de ADN una vez que el fallo quede ejecutoriado. Asimismo, se decretó el comiso de las armas y municiones incautadas.