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La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de C.G.F., imputada por el Ministerio Público como autora de delitos reiterados y consumados de cohecho agravado, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022, periodo en que la imputada se desempeñó en la Subsecretaría de Educación y, junto a un coimputado, habría emitido certificados falsos para obtener fraudulentamente licencias de conducir.
Tribunal descarta error en la resolución impugnada
En un fallo unánime, el tribunal de alzada estimó que no existió error en la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Garantía de Rancagua, respaldando que la libertad de la imputada representa un riesgo para la seguridad de la sociedad. En su resolución, la Corte señaló: “Que, de acuerdo con los antecedentes reunidos hasta la fecha, no se conocieron de nuevos elementos que alteraran o modificaran los presupuestos materiales relativos al hecho como tampoco a la cuestionada participación de la encartada (…), por cuanto con los antecedentes de la investigación hasta ahora reunidos, es posible establecer los presupuestos de la letra b) del citado artículo 140, con el estándar exigido para la imposición de cautelares”.
Gravedad de los hechos sustenta la prisión preventiva
El fallo también detalló la necesidad de mantener la cautelar, enfatizando el peso de los antecedentes y la cantidad de delitos asociados. “(…) respecto de la necesidad de cautela, atendido el conjunto de elementos fácticos y normativos ventilados en la audiencia, es posible estimar que, atendida la cantidad y gravedad de ilícitos por los que se ha formalizado la investigación, la calificación jurídica de los mismos y las penas asociadas a estos se concluye que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica mantener la cautelar de prisión preventiva impuesta”.
Investigación incluye red de emisión fraudulenta de licencias
Según el Ministerio Público, los delitos se habrían cometido en el contexto de una organización criminal que operó al interior del Departamento de Tránsito de Requínoa. En ese marco, la imputada y su coimputado habrían recibido pagos para la emisión de 5.581 certificados de educación ideológicamente falsos, utilizados para obtener licencias de conducir sin cumplir los requisitos legales. Además, el ente persecutor sostiene que C.G.F. habría utilizado parte de los dineros recibidos para adquirir vehículos y propiedades, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.
Persecución penal continúa en etapa investigativa
La investigación del Ministerio Público sigue en curso, centrada en determinar el rol completo de los involucrados y el alcance de las operaciones realizadas. El tribunal reiteró que las diligencias pendientes y la naturaleza de los delitos justifican mantener la medida cautelar mientras avance el proceso.