El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó a los exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Iván Elgueta Torres y Marcelo Víctor Alejandro Vásquez Fernández a las penas únicas de cinco y cuatro años de presidio, respectivamente, en calidad de autores de los delitos consumados de prevaricación, nombramiento ilegal y soborno, en el caso de Elgueta Torres. Respecto de Vásquez Fernández los delitos de nombramiento ilegal, soborno y estafa procesal en concurso medial con uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Ilícitos perpetrados entre 2017 y 2018.
En procedimiento abreviado, el juez Felipe Izquierdo Parga decretó que Elgueta Torres deberá pagar una multa de $773.085 y Vásquez Fernández, una de $10 millones. Las penas -solicitadas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado- se cumplirán bajo libertad vigilada intensiva.
“Que los hechos descritos y reconocidos por los encartados constituyen las figuras típicas contenidas en la respectiva acusación fiscal (…), en lo referente a la calificación jurídica, grado de desarrollo y la participación de los imputados en calidad de autores ejecutores, todos los ilícitos en grado desarrollo de consumados”, indicó durante la audiencia el juez Felipe Izquierdo.
En la audiencia, el ente persecutor solicitó sentenciar a Emilio Elgueta por dos delitos de prevaricación, 11 delitos de nombramiento ilegal y un delito de soborno. En tanto, en el caso de Vásquez Fernández seis delitos de nombramiento ilegal, un delito de estafa procesal en concurso medial un ilícito consumado de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y 14 delitos de soborno. Ambos sentenciados se desempeñaban como ministros de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción cuando cometieron los ilícitos.
El tribunal aplicó a ambos condenados las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos; y de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos.
Adicionalmente se impuso a Elgueta Torres y Vásquez Fernández que se deberán presentar al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile en Rancagua, y cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que apruebe en su momento el tribunal. Junto con esto, el magistrado ordenó que ambos condenados cumplan un programa formativo en el ámbito cultural.