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Este martes 10 de febrero, el alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez, junto al equipo jurídico de la Municipalidad, presentó una querella por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho en contra de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La acción judicial también incluye al exalcalde Luis Berwart, al exadministrador municipal Pablo Bravo y al exsecretario de la Corporación Leónidas Quiroga, abriendo una nueva arista del denominado “Caso Cormusaf”.
¿Qué montos están bajo investigación en la querella?
Según el escrito ingresado por el municipio, la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) realizó pagos por más de 114 millones de pesos a los estudios jurídicos Lagos y Asociados SpA y Vargas Cociña Asesorías Legales entre los años 2019 y 2021.
El alcalde Pablo Silva Pérez afirmó que "esto confirma que San Fernando fue parte de algo mucho más grande que un simple caso de corrupción local. Aquí estamos hablando de redes que operaban a nivel nacional, y como municipio vamos a seguir cumpliendo nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer la verdad y que los responsables enfrenten a la justicia".
¿Qué vínculo existe con el caso “Muñeca Bielorrusa”?
Ambos abogados se encuentran formalizados en la causa conocida como “Muñeca Bielorrusa”, que involucra al Consorcio Belaz–Movitec y a la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco por eventuales delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. De acuerdo con la querella presentada por la Municipalidad de San Fernando, los hechos investigados en la comuna seguirían un patrón similar al observado en dicha causa.
¿Cuál habría sido el modus operandi en San Fernando?
La acción judicial sostiene que recursos destinados a educación y salud habrían sido utilizados para financiar defensas personales de las exautoridades mencionadas. En ese contexto, se describen contratos de asesoría jurídica “deliberadamente indeterminados y ambiguos”, cuyo objetivo habría sido ocultar el destino real de los fondos.
Además, se habrían empleado glosas contables genéricas en los decretos de pago, dificultando la trazabilidad del gasto y el control administrativo. Se consigna también que los abogados representaron al exalcalde Berwart en una querella personal por difusión de imágenes privadas y a Pablo Bravo en investigaciones relacionadas con eventuales irregularidades en el uso de fondos Covid-19, observadas por la Contraloría General de la República.
En ambos casos, no existirían antecedentes de contratos privados de prestación de servicios, junto con registros de comunicaciones realizadas a través del correo electrónico personal del exalcalde, donde un trabajador del estudio jurídico consulta expresamente: "¿con quién debo gestionar el pago de las facturas pendientes?".
¿Cuál es la situación judicial de los involucrados?
Recientemente, Leónidas Quiroga fue condenado a siete años de cárcel por fraude al fisco en carácter reiterado y soborno. En tanto, el exalcalde Luis Berwart y Pablo Bravo se encuentran a la espera de la realización de sus respectivos juicios orales, en el marco de las investigaciones vinculadas al Caso Cormusaf.