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El Tribunal Electoral Regional (TER) de O'Higgins emitió una sentencia que acoge el requerimiento de remoción presentado contra la concejala de Graneros, Thae Ignacia Francisca Loíza Galaz, tras establecerse faltas graves a la probidad administrativa vinculadas a la utilización de certificados médicos falsificados para justificar inasistencias a sesiones del Concejo Municipal.
¿Cómo se descubrió el uso de certificados médicos falsos?
El caso salió a la luz el 30 de mayo de 2025, cuando la concejala envió a la Secretaría Municipal un certificado médico atribuido al Dr. Edison Alfredo Salazar Ortiz para justificar su ausencia en la sesión del 20 de mayo. Sin embargo, al revisar los antecedentes del profesional, el municipio detectó que el médico había fallecido con anterioridad.
A partir de este hallazgo, se realizó una revisión del historial de documentos presentados por la autoridad comunal. La investigación interna concluyó que la concejala había remitido reiteradamente certificados médicos atribuidos al mismo facultativo en fechas posteriores a su fallecimiento.
¿Cuántos certificados falsos se detectaron?
Durante las indagatorias se determinó que la concejala presentó un total de trece certificados falsos ante la Municipalidad de Graneros. Según los antecedentes expuestos, estos documentos tenían como finalidad justificar sus ausencias y evitar los descuentos asociados a las inasistencias, percibiendo así de manera íntegra su dieta mensual, equivalente a 15,5 UTM.
Las pericias policiales también detectaron otros certificados ideológicamente falsos emitidos a nombre de un segundo profesional de la salud, el Dr. Carlos Elías Proaño Landin.
¿Qué acciones se adoptaron en el ámbito penal?
Debido a la gravedad de los hechos, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, quedando la investigación radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua.
En ese contexto, la Policía de Investigaciones incautó los certificados médicos cuestionados para su análisis. Posteriormente, el 11 de agosto de 2025 se realizó la audiencia de formalización de la investigación contra la concejala Loíza Galaz.
¿Qué determinó finalmente el Tribunal Electoral?
Durante el proceso ante el TER, la concejala negó haber cometido faltas a la probidad administrativa y rechazó las acusaciones de haber recibido recursos de manera indebida.
Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas documentales y los informes policiales presentados eran concluyentes, por lo que resolvió solicitar su remoción del cargo e imponer la inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años. La autoridad comunal aún puede apelar la resolución ante el Tribunal Calificador de Elecciones.