Por absoluta unanimidad, esta tarde la Cámara Baja aprobó un importante proyecto de ley que la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Natalia Romero, firmó en abril del año pasado junto a un grupo transversal de parlamentarios, y que tiene por objetivo proteger los datos personales de las víctimas de violencia intrafamiliar en el país.
Al respecto, y junto con valorar el importante respaldo que tuvo la iniciativa, la legisladora explicó que la principal finalidad de la norma es establecer una reserva expresa de la información personal de la víctima, como por ejemplo su domicilio, el lugar donde trabaja o estudia, entre otros datos.
Lo anterior -agregó la diputada Romero-, deberá ser cumplido a cabalidad por los tribunales de justicia, no sólo durante el proceso investigativo, sino que incluso antes de una eventual audiencia de formalización, como una forma de evitar que la parte denunciada acceda a la información personal de la víctima, disminuyendo así las posibilidades de que el agresor pueda volver a atacarla.
“Junto con avanzar en políticas públicas que permitan enfrentar y disminuir los casos de violencia intrafamiliar en nuestro país, también es importante que tengamos medidas que eviten la revictimización de quienes hayan sufrido este tipo de delitos. Por eso era tan importante aprobar este proyecto de ley, porque al solicitar y entregar toda la información personal de la víctima, involuntariamente se le estaba exponiendo a nuevos hechos de violencia”, sostuvo la parlamentaria, quien por lo mismo llamó al Senado a dar celeridad a la iniciativa para que se pueda convertir en ley.
En esa línea, la representante del Distrito 15 y también integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja precisó que los funcionarios que publiquen, expongan o difundan cualquier información personal relacionada con la víctima, podrían arriesgar incluso una condena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, una pena que va de los 61 días hasta los tres años.
Asimismo, quienes incurran en dicha acción también se exponen a quedar inhabilitados temporalmente a desempeñar cargos públicos por el tiempo que dure su condena, lo que a juicio de la diputada “permitirá que esta norma, una vez que entre en vigencia, sea cumplida por todos”.
Por último, Romero llamó al Gobierno a seguir impulsando proyectos que apunten a garantizar que las mujeres puedan vivir en un ambiente libre de violencia, como por ejemplo la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que se tramita desde hace por lo menos seis años en el Congreso.
“Lo que no puede ocurrir, en ningún caso, es que transcurra un año más y no tengamos esta importante ley aprobada en nuestro país. La violencia de género es una realidad que muchas veces permanece escondida y no recibe la atención que merece, de tal manera que la única forma de poder prevenirla es robusteciendo la actual legislación. Así que esperamos contar con el compromiso del Ejecutivo para sacar adelante la ley durante este año”, manifestó la parlamentaria.