La diputada por la región de O’Higgins, Natalia Romero, se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para exponer la situación de inseguridad que afecta al macrosector poniente y sur poniente de Graneros. En la cita, la parlamentaria entregó un petitorio elaborado por organizaciones vecinales, solicitando una respuesta del Estado frente a los problemas de delincuencia que, según los residentes, se han intensificado en los últimos meses.
¿Qué problemas de seguridad denuncian los vecinos de Graneros?
La gestión surge tras una reunión realizada en la sede de la Villa Cruz Roja de Graneros, donde representantes de diez organizaciones vecinales presentaron un diagnóstico territorial que advierte sobre la presencia de crimen organizado, microtráfico y un predio colindante que, según los vecinos, funciona como centro de actividades delictuales. De acuerdo con lo expuesto, las gestiones realizadas ante el municipio no obtuvieron resultados, lo que motivó a las comunidades a llevar sus demandas a otras autoridades.
¿Qué planteó la diputada Natalia Romero?
La parlamentaria sostuvo que la situación requiere una intervención oportuna por parte del Estado. "Los vecinos de Graneros llevan meses golpeando puertas sin que nadie les responda. Agotaron todos los canales y tuvieron que sentarse frente a las autoridades para que los escucharan. Eso no puede seguir siendo la norma. El Estado tiene que llegar antes de que los vecinos tengan que rogar por seguridad", señaló Romero.
¿Qué medidas solicitaron las organizaciones vecinales?
El petitorio entregado al ministro Martín Arrau está estructurado en tres ejes: reforzar la presencia policial en el sector, impulsar acciones civiles respecto del predio identificado por los vecinos como foco de actividades delictuales e invertir en infraestructura de seguridad comunitaria para el macrosector afectado.
¿Por qué buscan una respuesta a nivel regional?
Natalia Romero afirmó que la situación que enfrenta Graneros refleja una problemática presente en otros sectores de la región de O’Higgins, por lo que planteó la necesidad de una respuesta coordinada desde el Ministerio de Seguridad Pública para enfrentar los hechos denunciados por las comunidades.