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Un proyecto de reforma constitucional ingresado el 21 de septiembre de 2025 por el diputado Gaspar Rivas propone un cambio profundo al ordenamiento institucional chileno, otorgando al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso Nacional, además de introducir el denominado Estado de Justicia y establecer la derogación automática de normas contrarias a la Constitución.
Estado de Justicia como eje de la propuesta
La iniciativa plantea incorporar el Principio del Estado de Justicia al texto constitucional, con el objetivo de permitir que el Presidente de la República actúe frente a problemas urgentes o errores que generen perjuicio social, incluso cuando no exista una norma legal expresa que lo habilite. Según los fundamentos del proyecto, esta modificación busca superar las limitaciones del principio de legalidad cuando este impide dar soluciones inmediatas a necesidades sociales impostergables.
Facultad presidencial para disolver el Congreso
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la posibilidad de que el Presidente de la República disuelva el Congreso Nacional. La propuesta establece que, una vez al año, el Mandatario podrá declarar como Esencial para el Interés Superior de la Nación un mensaje presidencial en materias de seguridad pública, previsión social, empresas públicas o recursos naturales. Si el Congreso rechaza dicho mensaje o introduce modificaciones que alteren su esencia, el Presidente quedará habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.
Fundamentos políticos y comparados
En los fundamentos del proyecto, el diputado Rivas sostiene que el Ejecutivo debe contar con mecanismos constitucionales para priorizar políticas públicas consideradas esenciales. El texto argumenta que el bloqueo o desnaturalización de iniciativas presidenciales por razones ideológicas justificaría una herramienta que permita forzar definiciones políticas, señalando además que la disolución parlamentaria existe en experiencias comparadas, como Alemania y Perú.
Rol legislativo del Ejecutivo tras la disolución
La reforma propone que, tras la disolución del Congreso y durante un periodo de 180 días, el Presidente asuma plenamente la función legislativa mediante decretos con fuerza de ley, sin las limitaciones actualmente establecidas en la Constitución ni el control preventivo de la Contraloría, bajo el argumento de que estaría ejerciendo funciones legislativas por mandato constitucional expreso.
