Índice del Contenido [ocultar]
- 1 Incumplimiento en experiencia exigida
- 2 Incumplimiento de las bases técnicas
- 3 Multas no aplicadas y justificación del acuerdo para modificar fechas
- 4 Deficiencias en el control interno
- 5 Educadores no asistieron a la totalidad de las clases
- 6 Educadores reciben certificado, pero no asistieron a los talleres
- 7 Aprueban curso sin contar con el porcentaje de asistencia exigido
- 8 Medidas correctivas exigidas por la Contraloría
- 9 Plazos y seguimiento de las medidas
- 10 Cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y eficiencia
- 11 Enlaces a documentos
La Contraloría General de la República (CGR) emitió, el pasado 12 noviembre, un detallado Informe de Investigación Especial en el que se analizan las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y ejecución de los servicios de capacitación para comunidades indígenas de la región de O'Higgins.
En este informe de fiscalización, al que tuvo acceso Hora de Noticias, se destacan una serie de observaciones relacionadas con el cumplimiento de las bases del concurso, el control interno de la entidad, así como la aplicación de sanciones por incumplimientos contractuales.
Incumplimiento en experiencia exigida
El proceso licitatorio en cuestión, relacionado con la capacitación de comunidades indígenas, fue evaluado por la CGR debido a varias irregularidades que surgieron a lo largo de su ejecución. En primer lugar, se detectó que el proveedor adjudicado, la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, con domicilio en la ciudad de Temuco, no cumplía con los requisitos de experiencia estipulados en las bases. A pesar de que esta empresa acreditó experiencia en capacitaciones para comunidades indígenas, la falta de un año completo de actividades impidió que cumpliera con los criterios establecidos en la licitación. En efecto, mediante la página del Servicio de Impuestos Internos se consultó la situación tributaria del proveedor adjudicado, "constatándose que dicho proveedor inició sus actividades el día 1 de febrero de 2023, por lo que a la fecha de la publicación de las bases, esto es, al 12 de septiembre del mismo año, aun no cumplía un año de vigencia", señala el informe del ente contralor; aún así, se le adjudicó dicha licitación por un monto de 8 millones de pesos.
"Se verificó que la comisión evaluadora otorgó el puntaje de 50 puntos al único oferente adjudicado, calificación que correspondía cuando la institución tuviese una experiencia en entregar capacitaciones a comunidades indígenas iguales a 1 año. Sin embargo, del análisis de los antecedentes aportados por la empresa, estos dan cuenta que al momento de la evaluación poseía siete meses de experiencia", dice el dictamen de la CGR. (ver recuadro siguiente).
En respuesta, la Seremi de Educación señaló que que la comisión evaluadora resolvió ese puntaje considerando la referencia y definición del criterio N°1, esto es, experiencia en capacitaciones a comunidades indígenas y medios de verificación de aquello, es decir, la experiencia que acreditó la institución, equivalente a siete meses de ejecución, los situaba en el último tramo de evaluación, cuya descripción es “no tiene experiencia” que asignaba 30 puntos, pero no resultaba coherente la evaluación, dado que superaba la mitad del periodo para el tramo y se aproximaba más a la descripción del criterio N°1 ya indicado.
La ley N°19.886, que regula los procedimientos de licitación pública, establece que las bases deben ser seguidas estrictamente, lo que no ocurrió en este caso, ya que la Seremi de Educación de O'Higgins otorgó un puntaje fuera de lo estipulado.
Incumplimiento de las bases técnicas
El informe también señala que hubo varios incumplimientos de los plazos y condiciones establecidos en las bases técnicas del concurso. Las clases de capacitación no se impartieron en las fechas y horarios estipulados, lo que violó el calendario acordado. Las bases técnicas establecían que la capacitación debía llevarse a cabo entre octubre y noviembre de 2023, pero las clases se extendieron más allá de la fecha límite, sin que se documentara un acuerdo formal entre las partes para la modificación de dichas fechas. Esta situación generó un incumplimiento del contrato, lo que habría dado lugar a la aplicación de sanciones.
Multas no aplicadas y justificación del acuerdo para modificar fechas
A pesar de que el contrato establecía sanciones por el incumplimiento de los plazos, la Seremi de Educación no aplicó multas por el retraso en la ejecución del servicio. La justificación de la entidad fue que los cambios en las fechas fueron acordados con el 100% de los involucrados, incluidos los educadores tradicionales. Sin embargo, el acuerdo no fue formalizado de acuerdo con los procedimientos establecidos en las bases. La Contraloría advirtió que, aún en este contexto, no se exime a la entidad de la obligación de aplicar las sanciones estipuladas por las bases en caso de incumplimiento. A pesar de las explicaciones de la Seremi, se estableció que las medidas correctivas deberían implementarse para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
Deficiencias en el control interno
Otro de los aspectos críticos identificados por la Contraloría fue la falta de control interno en el proceso de evaluación y ejecución del servicio. La falta de un adecuado control sobre la asistencia de los educadores tradicionales a los talleres y la evaluación deficiente de la experiencia de los proveedores generaron un marco de opacidad que afectó la transparencia del proceso. Además, se observó que no se aplicaron las medidas correctivas necesarias en los casos de incumplimiento de las bases, lo que pone en duda la eficacia del control interno de la Seremi de Educación.
Educadores no asistieron a la totalidad de las clases
En relación a la asistencia, de acuerdo con lo indicado en el documento denominado "Informe de asistencia a talleres del proyecto servicios de constatación y capacitación de 21 educadores tradicionales para la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de O'Higgins", emitido por la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, señala que la asistencia de dos de los educadores tradicionales, fueron cumplidos con un 100%. No obstante lo anterior, en dicho documento se advierten 2 y 3 asistencias respectivamente. (ver recuadro siguiente).
Adicionalmente, el equipo de fiscalización de la Contraloría examinó los registros de asistencias, documento firmado por los propios educadores tradicionales al momento de asistir a los talleres respectivos, de lo cual se advierte que éstas no asistieron a la totalidad de las clases, como indica el siguiente recuadro:
Educadores reciben certificado, pero no asistieron a los talleres
Contraloría pudo constatar en la fiscalización que 2 educadores tradicionales recibieron dicho certificado, sin embargo, no asistieron a los talleres contemplados en el proyecto, situación que no se advierte en el documento denominado "Recepción conforme", emitido por parte de la contraparte técnica, a cargo del jefe Departamento de Educación(s), de la Secreduc.
Al respecto, la Seremi de Educación de O’Higgins no se refierió sobre lo descrito. Así, se confirma que el certificado obtenido por la educadora (nombre omitido), contempla competencias lingüísticas, culturales y pedagógicas, en circunstancias que para esta última no fue evaluada, según consta del informe técnico final presentado por la consultora a la Seremi.
Luego, está el caso del educador (nombre omitido), a quien también se le otorgó un certificado. Este educador tradicional registró su asistencia a los talleres mediante su firma el día 12 de diciembre de 2023; sin embargo, en dicha fecha se encontraba con licencia médica durante la ejecución de la capacitación, lo cual fue corroborado por la Contraloría mediante el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, el cual registra el decreto alcaldicio N°645, de 19 de febrero de 2024, de la Municipalidad de Requínoa, en el que se informa la licencia médica desde el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023, con reposo laboral total. De acuerdo a lo previsto en las bases administrativas, como este funcionario no asistió a todos los talleres, no correspondía otorgarle su certificado.
La Contraloría remitió estos antecedentes a la Compin y a la Municipalidad de Requínoa, que es donde trabaja este educador, para dejar conocimiento de esta infracción, que de acuerdo a la legislación, el empleador deberá respetar rigurosamente el reposo médico de que hagan uso sus dependientes, prohibiéndoles que realicen cualquier labor durante su vigencia.
Aprueban curso sin contar con el porcentaje de asistencia exigido
Contraloría también pudo constatar que 6 de los educadores tradicionales, aprobaron el curso con un porcentaje de asistencia inferior al 70%, lo que fue corroborado mediante el documento “Registro de Asistencia”, como se detalla en el siguiente recuadro:
De esta manera, las situaciones aquí expuestas no dieron cumplimiento a lo contemplado en el numeral 6 de las bases técnicas, el cual estipula que la nota mínima para aprobar el curso será de un 5.0 como nota final y deberá contar con al menos un 70% de asistencia.
Medidas correctivas exigidas por la Contraloría
A raíz de las observaciones señaladas, la Contraloría ha establecido que la Seremi de Educación de O'Higgins debe tomar una serie de medidas correctivas. Entre ellas se incluyen la implementación de un sistema de control más riguroso para la evaluación de los proveedores, la formalización de los acuerdos de modificación de fechas, la aplicación de sanciones por el incumplimiento de los plazos y el establecimiento de un mecanismo para asegurar la correcta ejecución de los contratos según lo dispuesto en las bases.
La Contraloría también exigió que se implementen acciones para corregir las irregularidades relacionadas con los educadores tradicionales que fueron acreditados sin haber asistido a los talleres, así como la aprobación de los cursos sin contar con el porcentaje exigido de participación.
Plazos y seguimiento de las medidas
La Seremi de Educación de O'Higgins deberá remitir un informe detallado de las acciones correctivas adoptadas en un plazo de 60 días hábiles a partir de la recepción del informe de la Contraloría. Además, se deberá acreditar el cumplimiento de las medidas a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la CGR, con el fin de garantizar que se subsanen las deficiencias detectadas y se cumpla con la normativa vigente.
Cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y eficiencia
Este caso pone en evidencia la necesidad de que las entidades públicas respeten de manera estricta las bases administrativas y técnicas en los procesos de licitación y contratación, con el fin de garantizar la transparencia y la legalidad en la ejecución de los servicios públicos. La Contraloría ha instado a la Seremi de Educación de O'Higgins a corregir las irregularidades detectadas y a adoptar medidas preventivas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. El seguimiento de estas acciones será crucial para asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y eficiencia en la administración pública.