Contraloría detecta irregularidades en pasantías y capacitaciones de concejales de Rancagua (Parte I)

El pasado viernes 27 de septiembre, la Contraloría Regional emitió un informe final sobre una investigación especial respecto a la participación de concejales de Rancagua en capacitaciones, seminarios y pasantías tanto en Chile como en el extranjero. El extenso informe, de 85 páginas, revela eventuales irregularidades en los gastos asociados y la falta de justificación en la selección de los ediles que participaron en dichas actividades.

Objetivo de la investigación

La investigación tuvo como propósito evaluar la legalidad y pertinencia de los gastos generados por el municipio de Rancagua en relación con las actividades de capacitación de sus concejales entre 2022, 2023 y de enero a marzo de 2024. Además, se buscó verificar si los procedimientos seguidos para la contratación de estas actividades se ajustaron a la normativa vigente, incluyendo la Ley N°19.886 de Compras Públicas y la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Falta de justificación en selección de concejales

El informe revela que los decretos alcaldicios que autorizan la participación de concejales no detallan las razones que fundamentan por qué ciertos ediles fueron elegidos para asistir a las capacitaciones, en detrimento de otros o de funcionarios municipales. Según Contraloría, este procedimiento no se ajusta a la normativa establecida en la Ley N°19.880, que regula los actos administrativos de los órganos del Estado.

Preparando el viaje a Medellín, Colombia

De acuerdo al informe emanado por el ente regulador, durante el período examinado, la autoridad comunal autorizó la participación de concejales de la comuna de Rancagua en las siguientes pasantías realizadas en el extranjero, de acuerdo con el siguiente detalle:

Contraloría señala que "Asimismo, mediante los citados actos administrativos, la autoridad dispuso la participación, en ambos casos, de los ediles Viviana Morales Sandoval, Carlos Arellano Baeza y Cristian Toledo Ponce, según lo autorizado en las sesiones de Concejo Municipal que a continuación se señalan (ver siguiente recuadro); ello, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, letra ll) de la mencionada ley N° 18.695, según el cual corresponde al Concejo Municipal autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del territorio nacional."

Capacitaciones en el extranjero por más de $23 millones

Fue así que durante 2023 y 2024, los concejales Viviana Morales Sandoval, Carlos Arellano Baeza y Cristian Toledo Ponce participaron en pasantías en Medellín, Colombia, sobre "Ordenamiento territorial, planificación y participación ciudadana" e "Innovación, Seguridad Pública y Ordenamiento Territorial". Estas actividades generaron un gasto de $23.908.848 para el municipio, y presentaban programas prácticamente idénticos en ambos años. La Contraloría cuestionó la eficiencia y eficacia de la repetición de dichas capacitaciones, señalando que no se justificó el valor añadido para la gestión municipal.

Según el informe del ente contralor "Cabe precisar que los gastos asociados a la pasantía 'Ordenamiento territorial, planificación y participación ciudadana' fueron desembolsados por el municipio a través de los decretos de pago Nos 45, 63, 488 y 1.864, todos de 2023, por un total de $11.353.182". Por su parte, "los gastos asociados a la pasantía 'Innovación, Seguridad Pública y Ordenamiento Territorial', fueron desembolsados a través de los decretos de pago Nos 5.486 y 5.514, ambos de 2023, y Nos 265 y 467, ambos de 2024, por la suma total de $12.555.666".

Falta de fundamento en la disposición de cometidos
Contraloría "observó que a través de los aludidos decretos exentos números 1 y 1.972, ambos de 2023, la autoridad dispuso los cometidos internacionales en comento respecto de los concejales que en cada caso se señalaron."; luego agrega "Al respecto, cabe señalar que en los citados decretos no se consignaron en forma expresa las razones o motivos de por qué era necesaria su asistencia a la actividad y de cómo ésta se relaciona con la gestión municipal."

"En relación con ello, cabe reiterar que la invitación a la pasantía y los antecedentes adjuntos a la misma no detallan las actividades formativas y/o académicas específicas a tratar en las distintas jornadas, como tampoco indica los días y horarios en que se desarrollarán, ni el equipo de expositores a cargo, lo que impide acreditar que éstas hayan estado relacionadas con materias atingentes a las funciones propias del concejal", dice el informe.

No existen informes de las pasantías internacionales

La Contraloría Regional indica en su informe que "de los antecedentes tenidos a la vista, no se advierte evidencia de que posterior a la fecha de término de las pasantías en comento, los ediles que participaron en ellas, hayan presentado los informes de dichos cometidos y de los montos involucrados en cada caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79, letra II) de la citada ley 18.695, el que indica que al concejo le corresponderá 'Autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del territorio nacional. Requerirán también autorización los cometidos del alcalde y de los concejales que se realicen fuera del territorio de la comuna por más de diez días. Un informe de dichos cometidos y su costo se incluirán en el acta del concejo'".

Por este hecho, la Contraloría Regional concluye que "el municipio deberá requerir a los concejales participantes de las pasantías denominadas 'Ordenamiento territorial, planificación y participación ciudadana' e 'Innovación, Seguridad Pública y Ordenamiento Territorial', realizadas en el mes de enero del año 2023 y enero de 2024, respectivamente, ambas en la ciudad de Medellín, Colombia, el reintegro de los gastos incurridos por el municipio por concepto de viáticos, pasajes aéreos e inscripciones, por un total de $23.908.848, debiendo acreditar documentalmente el reintegro de dicha suma, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Concejales no acreditan asistencia en Arica pero sí en Perú

Contraloría también constató que mediante decreto exento N°63, de 2023, se autorizó la participación de los concejales Valentina Cáceres, Manuel Villagra, María del Carmen Orueta, Carlos Arellano y Cristian Toledo Ponce, en el seminario denominado “Actualización jurídica, programática y de tecnologías para el trabajo con personas mayores y en situación de discapacidad”, a realizarse en la ciudad de Arica, los días 22 y 23 de junio del año 2023, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. (ver noticia de la Municipalidad)

Luego, mediante decreto exento N°91, de 2023, se complementó el citado acto administrativo, en cuanto a que los concejales viajarían a la ciudad de Arica el día 21 de junio y retornarían de dicha ciudad el día 24 de junio, ambas fechas de 2023, con el fin de cumplir correctamente con la capacitación señalada.

Sin embargo, la Contraloría Regional analizó la información aportada por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Rancagua, de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el oficio N°860, del 18 de abril de 2024, y advirtió que los concejales María del Carmen Orueta, Carlos Arellano Baeza y Cristian Toledo Ponce, participantes del seminario mencionado, registran salida del país y entrada a Perú, el día 23 de junio de 2023.

El informe señala: "Al respecto, cabe agregar que el programa de actividades del seminario en estudio indica que el citado día 23 de junio, la jornada comprendía desde las 9:00 hasta las 18:30 horas.", a renglón seguido añade: "En tal sentido, considerando que el municipio no cuenta con antecedentes que acrediten la efectiva participación de los citados concejales en el seminario en comento, la jornada del día 23 de junio de 2023, entre las 9:00 y las 18:30 horas; y, por otra parte, que el informe remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Rancagua, de la Policía de Investigaciones de Chile, indica que los citados ediles se trasladaron a Perú regresando a Chile ese mismo día, no existe constancia del cumplimiento del cometido dispuesto mediante el referido decreto exento N°63, de 2023, por parte de los citados personeros; y, en tal sentido, los gastos asociados a dicho incumplimiento carecerían de fundamento."

El informe precisa que "el monto pagado por concepto de viático a cada concejal por $267.311, comprende el pago de 3 días al valor del 100% ($78.621) y 1 día al 40% ($31.448)."

En este hecho, Contraloría concluye que "el municipio deberá remitir los antecedentes que acrediten la asistencia de los concejales María Orueta de Val, Carlos Arellano B. y Cristian Toledo P., al referido seminario, durante toda la jornada del día 23 de junio de 2023, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. En caso contrario, deberá requerir a dichos ediles el reintegro de los gastos incurridos por el municipio por concepto de viáticos y pasajes internos según corresponda, por un total de $245.863, debiendo acreditar documentalmente el reintegro de dicha suma, en el plazo y a través del medio ya señalados."

Contrataciones por trato directo sin licitación

El informe de Contraloría "advirtió que a través del ya citado decreto exento N°1, de 2023, la Municipalidad de Rancagua dispuso, entre otros, el pago de la inscripción y participación de los 3 concejales ya individualizados, en la pasantía “Ordenamiento Territorial, Planificación y Participación Ciudadana”, realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades en la ciudad de Medellín, Colombia, en el mes de enero de 2023, sin hacer referencia a la modalidad de compra a utilizar, la que sin embargo, correspondió a una compra directa."

Asimismo, "se constató que a través del decreto exento N°1.972, de 2023, la autoridad comunal dispuso la contratación de la pasantía “Innovación, Seguridad Pública y Ordenamiento Territorial”, a efectuarse en la misma ciudad en el mes de enero de 2024, vía trato directo, con el citado proveedor; y, aun cuando se acompaña un certificado emitido por éste en el que señala ser el único proveedor de dicha actividad, el referido acto administrativo no consignó las causales que fundaron su decisión, como tampoco la acreditación de la concurrencia de las mismas."

* La Municipalidad de Rancagua tiene 30 días para responder este informe, por lo que se podrían aclarar todos los puntos aquí tratados.