PDI se reúne con seremi de Bienes Nacionales “a puertas cerradas”: Investigan presuntos actos de corrupción

Una investigación instruida por el Ministerio Público, cuyos antecedentes se remontan al menos a septiembre de 2023, mantiene bajo la lupa a actuales y exfuncionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de O’Higgins por presuntas irregularidades. La causa es dirigida por la fiscala Fabiola Echeverría, quien ha recibido denuncias de personas afectadas por “situaciones irregulares” al interior del organismo regional.

En ese contexto, y tras nuevas acciones presentadas en diciembre de 2025, personal especializado del equipo Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua se habría reunido con la seremi Romina Olguín para solicitar antecedentes, según fuentes internas.

¿Qué instruyó la seremi tras la reunión con la PDI?

Según fuentes internas, luego del encuentro con los oficiales especializados, la autoridad regional de BBNN sostuvo una reunión con todos los funcionarios de la seremi, instancia en la que informó sobre la investigación en curso y solicitó colaboración total.

“Ante el requerimiento de la justicia, el Ministerio Público y la PDI, todos deberán declarar, todos los funcionarios, y aportar todos los antecedentes que posean”, señaló, según trascendió.

La situación habría generado sorpresa al interior del servicio, pese a que -según las mismas fuentes- las acciones atribuidas a los involucrados eran conocidas por parte del personal.

¿Cuál es el origen de la denuncia?

Los hechos ya habían sido denunciados en septiembre de 2023 por la entonces administradora del Gobierno Regional, Natalia Sánchez, quien presentó antecedentes ante la Fiscalía. La causa se mantiene bajo reserva y, al consultar el sistema del Poder Judicial, no es posible acceder a antecedentes públicos del proceso.

“La información que recibí, de una persona que está en Bienes Nacionales, pero está muy asustado por lo que pueda ocurrir, la información dice relación con un funcionario que es el abogado de Regularización de nombre (E.J.), quien tiene una página en Facebook y ofrece asesorías en temas de regularización” (fecha de publicación: 11-02-2020), declaró Sánchez en aquella oportunidad.

La administradora regional habría entregado además un audio que comprometería a dicho funcionario mencionado ofreciendo asesorías en temas de terrenos y regularización y que cobraría una determinada cantidad de dinero y que en caso de que la persona continúe con el trámite, él podría dar un valor por el total. Natalia Sánchez señaló en su denuncia que, de acuerdo a los antecedentes que tenía, E.J. no actuaría solo en estas operaciones, sino que con su hermano (G.J.), también funcionario de BBNN. Además la jefa o encargada de Regularizaciones (P.T.A.) (...) al igual que la abogada a honorarios (A.S.R.).

En ese entonces, la fiscala adjunta de Alta Complejidad, Javiera Oro Villalón, instruyó diversas diligencias al equipo Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) mediante el Oficio N°446-2023 (18-10-2023), en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho:

1. Analizar el audio entregado por Natalia Sánchez y realizar transcripción del mismo
2. Realizar organigrama de la Seremi de Bienes Nacionales de la región de O'Higgins
3. Identificar a los funcionarios del Departamento Jurídico de Bienes Nacionales de O'Higgins
4. Determinar qué funcionarios del Departamento Jurídico de BBNN de O'Higgins fueron contratados a honorarios de acuerdo a convenio con Gobernación.
5. Individualizar por completo a E.J., G.J., P.T.A. y A.S.R. Determinar Departamento y cargo que ocupan en Bienes Nacionales.
6. Realizar análisis de redes sociales de las personas señaladas
7. Realizar diligencias tendientes a determinar si existen otras denuncias por irregularidades investigadas
8. Realizar diligencias a fin de determinar si alguna de las personas señaladas tiene alguna oficina donde ofrece algún tipo de asesorías en temas de regularización de propiedades. En caso positivo ubicar el lugar y fijarlo fotográficamente
9. Cualquier otra diligencia pertinente.

Actualmente, esa denuncia (la de 2023) fue incorporada a la carpeta investigativa abierta en diciembre de 2025 por “actos que podrían revestir carácter de delito”.

¿Por qué la investigación genera alerta política?

La gravedad del caso radicaría en la eventual existencia de una estructura jerarquizada que habría operado por un tiempo prolongado en la Seremi de Bienes Nacionales de O’Higgins, aspecto que la Fiscalía busca establecer.

Los antecedentes, que se investigan bajo estricto sigilo, ya estarían en conocimiento de parlamentarios de derecha y de futuras autoridades del próximo gobierno. La situación encendió alertas en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, donde existiría preocupación por eventuales filtraciones, dado que la causa se mantiene en reserva. No se descarta una investigación paralela para determinar el origen de esos antecedentes.

La nueva denuncia, ingresada el 11 de diciembre de 2025 y a la que Hora de Noticias tuvo acceso, apuntaría, entre otros, a un funcionario militante de Evópoli, Edgardo Pizarro, y al exseremi de Bienes Nacionales, Cristian Villegas. Según los antecedentes puestos a disposición de la Fiscalía, Villegas mantiene un contrato vigente con el municipio de Chimbarongo para labores de regularización de terrenos, pese, según los denunciantes, a que no estaría inscrito en el Registro Nacional de Contratistas, registro de personas o empresas autorizadas por ley para ejecutar dichas funciones.

¿Qué dijo el exseremi de Bienes Nacionales?

Hora de Noticias conversó con el exseremi de Bienes Nacionales Cristian Villegas y señaló que no tiene conocimientos que funcionarios de BBNN hayan hecho alguna denuncia ni tampoco sobre las diligencias de la PDI realizadas el pasado jueves.

En relación a su contratación en la Municipalidad de Chimbarongo (Decreto N°261, 30 de enero 2025) y su labor de Regularización de Terrenos, Villegas dijo que el Decreto Ley 2.695/79 en ninguna parte establece que debe ser un abogado o una empresa contratista, ya que la regularización es un proceso administrativo y no jurídico, “que es lo que hacen las empresas contratistas; que por lo demás significa solamente el 10% de los saneamientos que realiza Bienes Nacionales (BBNN). En números, es bastante bajo. El 90% restante ingresa por representantes o auto representaciones. Las personas pueden contratar a una persona, puede ser un abogado, un familiar; no existe una profesión específica. Yo puedo regularizar una propiedad y puede ser mi hijo quien me represente, mi papá, mi hermano o quien sea; quien obviamente tenga conocimiento sobre el procedimiento del Decreto Ley 2.695".

El Art. 28 del DS 127 establece que: “Los trabajos topográficos y jurídicos necesarios para regularizar la posesión de acuerdo al D.L. 2.695, de 1979, podrán ser contratados por los particulares interesados sólo con las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas establecido en el presente Reglamento. Las solicitudes que no cumplan con esta disposición se tendrán por no presentadas.”.

"quieren que los trámites se monopolicen"

El exseremi de Bienes Nacionales de O’Higgins agregó que algunas empresas contratistas quieren que los trámites “se monopolicen en ellos, lo cual es inconstitucional, porque una persona natural o jurídica puede auto representarse. Entonces, los municipios contratan profesionales que tienen conocimiento en esta área o a veces tienen a un profesional dentro del municipio y arman esta oficina. Bienes Nacionales debe tener convenio al menos con 200 municipios. Incluso en el año 2018, cuando yo llegué a la seremía, se hizo una transferencia de recursos desde la Municipalidad de Placilla a Bienes Nacionales. Precisamente ellos (el municipio) pusieron a un profesional que nos apoyaba para la regularización. El profesional del municipio era el representante. En este caso, es la misma labor que cumplo yo en la Municipalidad de Chimbarongo”.

"eso es totalmente ilegal"

Sobre si la regularización de terrenos era propio de quienes estaban en el Registro Nacional de Contratistas, Cristian Villegas aclaró que “No, eso es totalmente ilegal. En ninguna parte de la ley establece que solamente las empresas (contratistas) pueden regularizar terrenos. Porque ¿qué hacen los representantes? Esto tiene 4 etapas: Los representantes lo único que hace es armar el expediente y presentarlo en el Ministerio (BBNN); es lo único que hacen y obviamente esta representación significa hacerle seguimiento, presentar un recurso de reposición si es que así lo requiere, en beneficio del representado. En cambio, las empresas contratistas cuando yo llevo una carpeta, por ejemplo, como representante y sale positiva, la etapa técnica la realiza la empresa contratista, que son las empresas certificadas que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales; incluso realizan trabajos de informes jurídicos. El representante presenta el expediente, nada más; no tiene ninguna otra facultad el representante; no realiza ni informes jurídicos ni tampoco trabajos de Geomensura, que sí los realiza las empresas contratistas”.

"Desconozco si hay alguna denuncia"

Cristian Villegas agregó que “el 70% de las carpetas que ingresan a BBNN son de adultos mayores que están dentro del 40% más vulnerable; “Por eso que las empresas contratistas están tratando de hacer es inconstitucional prácticamente; es Derecho Administrativo básico porque sería monopolizar; sería volverle un negocio para ellos porque obligaría a toda persona que quisiera regularizar su terrenito, lo que ellos cobran”.

“Desconozco si hay alguna denuncia de funcionarios en algo específico. Sé que hay molestia por parte de los contratistas en cuanto a que ellos quieren tener esto como un monopolio de tener la representatividad exclusiva ellos; o sea, obligar a las personas a que tengan que pagarles 3 o 4 millones de pesos, que es lo que ellos cobran, cuando son personas que en su mayoría el 70 u 80% son personas de zonas rurales, adultos mayores, que están dentro del 40% más vulnerable”.

¿Cristian Villegas posible seremi en O’Higgins?

Consultado por los trascendido de que el diputado electo Fernando Ugarte lo estaría proponiendo como posible seremi en la región de O’Higgins, Cristian Villegas dijo: “Eso no se lo puedo responder porque no he tenido conversaciones al respecto ni tampoco propuestas”.

Normas de derecho público

Realizada la consulta por este medio a un conocedor en la materia, quien pidió reserva de su nombre, confirmó el criterio, debido a que tratan de normas de derecho público que se caracterizan por su aplicación e interpretación restrictiva, es decir, que sólo puede hacerse lo que la letra de la ley autoriza, ni más, ni menos y, en este caso la ley no autorizaría presentaciones que se hagan por otra forma que la señaladas por la ley, es decir por representación o mandato, porque se tendrán por  no presentadas. La única forma de realizar las presentaciones es a través de personas naturales o jurídicas que formen parte del Registro Nacional de Contratistas creado por el Ministerio de Bienes Nacionales o sus seremías.

OPE: "A los corruptos que los investigue la ley"

Una fuente directa de la OPE señaló que están revisando los antecedentes de quienes son postulados a cargos regionales. “Queremos instalar a los mejores, resaltando la probidad, y no queremos designar a alguien en esa cartera u otra que tenga vínculos con estos hechos (…) A los corruptos que los investigue la ley y se les sancione como corresponde”.

¿Qué piden los denunciantes?

La investigación continúa bajo reserva y con diligencias en curso por parte de la PDI. Los denunciantes han solicitado a la Fiscalía se cite a declarar a los involucrados y que se levante el secreto bancario de las personas individualizadas, además, de pedir que se establezca si hubo cobros indebidos o transacciones entre los sujetos que están en investigación respecto a la regularización de terrenos u otras acciones; ya que se podría estar frente a un eventual delito de cohecho o fraude al fisco.