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Pacientes abandonados en hospitales evidencian crisis de cuidado en Chile

La situación de pacientes que continúan hospitalizados pese a contar con alta médica volvió a instalarse en el debate público, luego de la exposición de la ministra de Salud, May Chomali, ante la Comisión de Salud del Senado, donde alertó sobre la falta de apoyo familiar, comunitario o institucional para su egreso.

¿Qué caracteriza a los pacientes sociosanitarios en Chile?

Se trata de personas cuya condición clínica ya está estabilizada, pero que no pueden abandonar los hospitales debido a su dependencia social y de cuidados. Así lo explicó la académica de la Universidad de Talca, Carolina Riveros Ferrada, quien detalló que el informe semestral 2024 de la División de Gestión de la Red Asistencial registró 886 casos activos a nivel nacional, de los cuales 798 permanecían en hospitales y 88 en camas del extrasistema.

¿Por qué este problema va más allá del sistema de salud?

La especialista enfatizó que este escenario no solo responde a una urgencia sanitaria o al uso de camas hospitalarias, sino que refleja una problemática más profunda. “Acá, definitivamente, estamos hablando de una cuestión de cuidados”, sostuvo, apuntando a la necesidad de acompañamiento, supervisión y condiciones básicas para que estas personas puedan vivir fuera de los recintos asistenciales.

¿Cómo influye el envejecimiento en esta realidad?

Aunque la condición sociosanitaria no se limita a personas mayores, el informe indica que el 71% de los casos corresponde a personas de 60 años o más. En ese sentido, Riveros señaló que esta situación “es la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, agregando que muchas de estas personas “están solas, no tienen redes y eso también las termina enfermando”.

¿Qué desafíos plantea esta situación para la sociedad?

La académica planteó la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley 21.805, vinculada al derecho al cuidado, y subrayó que el desafío también involucra a la sociedad en su conjunto. En esa línea, afirmó que “existen deberes ético-jurídicos dentro de las familias y comunidades” y agregó que “Tenemos que cambiar, en definitiva, cuestiones que son más que jurídicas, más que económicas, son cuestiones sociales”.

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