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La ley chilena permite que ciudadanos extranjeros con más de cinco años de residencia en el país puedan ejercer su derecho a voto en elecciones populares, incluyendo las presidenciales. Esta normativa ha generado inquietudes en algunos sectores de la sociedad civil, que plantean la posibilidad de que delincuentes, organizaciones criminales y narcotraficantes extranjeros no condenados puedan votar, lo que abriría la puerta a una eventual manipulación del proceso democrático.
Qué establece la normativa vigente
Según el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Chile, los extranjeros avecindados por más de cinco años en el país pueden sufragar en elecciones, siempre que no hayan sido condenados a penas aflictivas. La ley establece que solo las personas que han sido formalmente condenadas por un tribunal competente pierden su derecho a sufragio.
Delincuentes extranjeros pueden votar
Por lo anterior, esto significa que, en la práctica, un extranjero que esté involucrado en actividades ilícitas pero que no haya sido condenado judicialmente, sigue teniendo derecho a votar. La legislación actual no contempla mecanismos para impedir el voto a personas bajo investigación o sospecha si no existe una sentencia firme.
Importancia del debido proceso
La Constitución chilena protege la presunción de inocencia. Por tanto, mientras no exista una condena, una persona —sea chilena o extranjera— mantiene sus derechos civiles intactos, incluido el derecho al voto. Este principio, aunque indispensable en un estado de derecho, puede generar tensiones cuando se discute sobre seguridad pública y procesos electorales.
Llamado a revisar y fortalecer los controles
Expertos en materia electoral han planteado la necesidad de revisar los procesos de inscripción electoral y fortalecer los mecanismos de control, sin vulnerar derechos fundamentales. La clave está en equilibrar la seguridad con el respeto a los principios democráticos.