Índice del Contenido
En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Chile anunció la implementación de un proyecto habitacional que busca dar solución definitiva a las más de 10 mil personas que habitan en el campamento Cerro Centinela, ubicado en la comuna de San Antonio. La medida se adopta tras la orden judicial de desalojo del predio, que afecta a 4.136 hogares instalados desde 2019 en 215 hectáreas de terreno.
El origen del conflicto en Cerro Centinela
El campamento Cerro Centinela se consolidó durante el gobierno anterior y rápidamente se transformó en la toma más grande del país, albergando a más de 10.500 familias, de las cuales más de 3.000 son niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios del terreno, ordenando el desalojo del predio. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024, generando una situación humanitaria crítica que requería una respuesta integral del Estado.
La respuesta del Gobierno ante la crisis
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que "desde un principio, el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo". Sin embargo, el precio solicitado por los propietarios superaba el valor de mercado, lo que llevó al Ejecutivo a optar por la expropiación como herramienta legal para resolver esta situación.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que "la megatoma de San Antonio es una toma que reúne características que no reúnen ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional", subrayando la gravedad del caso y la necesidad de una intervención estatal inmediata.
El proyecto habitacional que transformará San Antonio
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, detalló que el proyecto contempla la adquisición de 100 hectáreas del total del predio mediante expropiación, proceso que se desarrollará conforme a la Constitución y las leyes chilenas. El plan permitirá urbanizar adecuadamente el sector, ofreciendo soluciones sanitarias y lotes debidamente delimitados para las más de 4.000 familias que actualmente residen en el campamento.
"Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución", afirmó Montes, destacando el principio de corresponsabilidad que regirá el proyecto. Las cooperativas de vivienda, que agrupan al 90% de los hogares, han estado ahorrando sistemáticamente con el objetivo de alcanzar 1 millón 500 mil pesos por familia antes de fin de año.
Un proceso gradual y responsable
El desalojo de los terrenos que no serán expropiados se ejecutará de manera gradual y responsable, priorizando siempre la seguridad y bienestar de las familias afectadas. Aproximadamente el 5% del suelo adquirido será destinado a equipamiento comunal y a reservas para futuros proyectos habitacionales que beneficien a familias que no forman parte del campamento actual.
El Gobierno proyecta que al término de la actual administración la expropiación esté dictada y se haya iniciado el diseño y urbanización del proyecto, marcando un hito en la política habitacional chilena y estableciendo un precedente para la resolución de conflictos similares en el futuro.
