El seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la Región de O’Higgins, Luis Barboza, encabezó una extensa jornada en Pichilemu, capital de la Provincia de Cardenal Caro, junto a la delegada presidencial, Josefina Toro, y el encargado de la oficina provincial del Serviu, Geovanni Fariña. El objetivo principal fue abordar junto a la comunidad y autoridades locales las problemáticas asociadas al Plan de Emergencia Habitacional y la planificación territorial en el borde costero.
Barboza resaltó la prioridad del Minvu en avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Presidente Gabriel Boric y el ministro Carlos Montes. "Nuestra labor implica estar en terreno y presentes en todas las comunas y provincias", afirmó. Además, se llevó a cabo un encuentro con los alcaldes del borde costero, propiciando un intercambio constructivo de ideas y la coordinación de esfuerzos para abordar los desafíos comunes que enfrentan estas comunidades.
En materia de vivienda, se anunció la priorización de la adquisición de terrenos para el Comité Altura Las Proteas II y otros comités, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a aproximadamente 300 familias. Esta gestión está siendo liderada por el director de Serviu, Omar Gutiérrez. Además, en colaboración con el equipo de gestión territorial del Serviu, se identificaron seis terrenos aptos para la construcción de viviendas, beneficiando a 35 familias del Comité Brisas del Valle.
Por otro lado, se brindó apoyo al Comité Brisas del Mar, que fue afectado por una estafa actualmente en investigación, demostrando el compromiso del Minvu en la búsqueda de justicia y soluciones para estas comunidades.
En cuanto al Plan Regulador del Borde Costero, se llevó a cabo un encuentro estratégico con los alcaldes del borde costero y profesionales de Serviu O'Higgins en la provincia. Este espacio fue crucial para promover un diálogo constructivo y coordinar esfuerzos en la búsqueda de soluciones para los desafíos territoriales que enfrenta la provincia. Según Barboza, esta colaboración entre el ministerio, las autoridades locales y la Delegada Presidencial es un paso importante hacia soluciones integrales y la concreción de un Plan Regulador que responda a las necesidades de las comunidades.