El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un nuevo control de ocupación en Villa Parque San Martín de Rengo, donde funcionarios del Serviu O'Higgins inspeccionaron 64 de las 202 viviendas del conjunto habitacional para verificar que sean utilizadas por las familias beneficiarias.
¿Qué detectó la fiscalización en Villa Parque San Martín?
El operativo se efectuó durante la tarde del miércoles 19 de agosto y permitió detectar viviendas desocupadas y otras habitadas por personas que no formarían parte del núcleo familiar declarado. La inspección fue realizada por nueve funcionarios del Serviu O'Higgins.
¿Qué ocurrirá con las viviendas observadas?
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, explicó que la fiscalización dio continuidad a una visita anterior realizada durante un fin de semana, en la que se habían observado situaciones similares. “Hemos concurrido en días y horarios distintos y seguimos encontrando viviendas desocupadas y otras habitadas por terceros que no forman parte del grupo familiar beneficiario”, señaló.
Las personas notificadas podrán presentar antecedentes para acreditar la ocupación efectiva de las viviendas. Desde el Ministerio aclararon que la notificación no implica por sí sola la existencia de una infracción, ya que deberán respetarse las etapas administrativas y legales correspondientes.
¿Qué características tiene el conjunto habitacional?
Villa Parque San Martín fue entregada en julio de 2025 a familias de los comités Bicentenario y Adonay. El proyecto fue ejecutado mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, con una inversión de 315 mil UF, e incluye viviendas de dos pisos, áreas verdes y equipamiento comunitario.
¿Por qué el Minvu reforzó las fiscalizaciones?
El operativo forma parte de un plan regional que también ha considerado conjuntos habitacionales de Graneros y Peralillo. Según antecedentes entregados por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, entre un 9% y un 11% de las viviendas sociales del país podría estar siendo utilizada de manera irregular. El seremi Christian Villegas sostuvo que continuarán las fiscalizaciones para asegurar que los inmuebles financiados con recursos públicos mantengan su finalidad social.