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La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en los pagos realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria encargada de la construcción de la “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”. Uno de los hallazgos más graves corresponde al pago improcedente de $329.540.767 por cuatro facturas emitidas por la empresa a cargo del proyecto.
Gastos sin relación directa con la obra
El Informe Final N°592 / 2024 de la CGR publicado este martes 5 de agosto, que revisó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, cuestiona la validación de gastos por un total de $1.734.425.077, los cuales fueron aceptados por la Dirección General de Concesiones (DGC) como parte del servicio de construcción, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra. Según el informe, los antecedentes proporcionados por la DGC no justifican los montos facturados ni los valores de IVA asociados.
Avances no sustentados y proyectos incompletos
La auditoría también detectó que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance en dos subsectores del proyecto sin contar, en algunos casos, con la documentación que respalde efectivamente dicho progreso. A ello se suma que el concesionario entregó de forma incompleta algunos de los proyectos de ingeniería de detalle, sin que esta omisión fuera advertida por los fiscalizadores.
Autorización sanitaria omitida
Otro aspecto crítico del informe es la aprobación por parte de la inspección fiscal del proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, a pesar de que aún no contaba con la autorización de la autoridad sanitaria, lo que infringe las bases de licitación.
Acciones instruidas por Contraloría
Como resultado de estas observaciones, la Contraloría iniciará un juicio de cuentas mediante un reparo formal. Además, instruyó a la DGC a justificar los avances aprobados y exigió al inspector fiscal proponer las multas correspondientes por atraso en la entrega de proyectos y por la falta de autorización sanitaria. También se ordenó a la DGC iniciar un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de los hechos constatados.
