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Durante una visita a la cárcel de Rancagua, la diputada Natalia Romero, acompañada por los diputados Diego Schalper y Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, expuso las graves falencias de infraestructura y seguridad del recinto penitenciario. La visita se realizó en el marco de las movilizaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), que incluso ha recurrido a barricadas dentro del penal como forma de protesta.
Obsolescencia en seguridad carcelaria
Uno de los problemas más críticos denunciados es la antigüedad de las chapas de las celdas, que no han sido renovadas en 19 años. Este hecho quedó evidenciado semanas atrás cuando un reo logró escapar abriendo su celda con una cuchara, generando preocupación entre los vecinos del sector La Gonzalina y los funcionarios penitenciarios.
Modernización como respuesta al crimen organizado
La diputada Romero destacó la urgencia de modernizar el sistema carcelario chileno: "Así como las bandas criminales son cada vez más complejas y con mayor poder de fuego, las cárceles también tienen que avanzar. Hoy necesitamos implementar tecnología moderna, como inteligencia artificial, para garantizar la seguridad dentro y fuera de los recintos penitenciarios", señaló.
Reclusos de alta peligrosidad sin condiciones adecuadas
La parlamentaria enfatizó que el penal alberga a internos de alta peligrosidad, como miembros de las bandas Los Marchant, Los Gallegos y Los Cara de Jarro, además de reos infames como Hugo Bustamante. Según Romero, las actuales condiciones están lejos de ser adecuadas para una cárcel de alta seguridad, lo que representa un riesgo para la comunidad.
Llamado al Gobierno y compromiso legislativo
Romero instó al Ministerio de Justicia a priorizar inversiones en infraestructura penitenciaria: "Para combatir el crimen organizado no podemos dejar ningún cabo suelto. Esto implica una inversión urgente en infraestructura penitenciaria en todo el país. No esperemos una emergencia para actuar".
La legisladora reafirmó su compromiso de trabajar para que las cárceles chilenas cumplan con los estándares necesarios para enfrentar el crimen organizado y proteger la seguridad de las comunidades aledañas.