Índice del Contenido
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas y ocho ejecutivos vinculados al procesamiento de centolla en la Región de Magallanes. Según el organismo, los hechos habrían ocurrido al menos entre 2012 y 2021 con el objetivo de fijar los precios pagados a los pescadores artesanales que extraen este recurso marino.
Multas solicitadas por más de 54 millones de dólares
En su requerimiento, la FNE solicitó al TDLC sanciones equivalentes a 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), monto cercano a US$ 54 millones ($51.870 millones), contra las empresas involucradas. Asimismo, pidió aplicar multas de 511 UTA, equivalentes a casi US$ 445 mil ($424 millones), a los ejecutivos acusados de participar en la colusión.
De acuerdo con el ente persecutor, el caso representa un grave perjuicio económico para los pescadores artesanales, quienes vendían el producto a precios artificialmente reducidos debido a la coordinación de las compañías.
Cómo operaba la colusión
Nicolás Riquelme, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, explicó que las empresas acordaban los valores a pagar por la centolla mediante diferentes mecanismos de comunicación. “Entonces, estas centollas las compran a pescadores artesanales, y lo que empezaron a hacer estas empresas fue coordinar el precio al que las compraban. En el fondo, cuando un pescador le iba a vender a uno, esa empresa le preguntaba a la otra: ‘¿A cuánto estás comprando? Mantengamos los precios bajos’. Ese es el incentivo para estas firmas al coordinar sus acciones: tratar de comprar lo más barato posible la centolla a los pescadores artesanales”, señaló.
El académico agregó que “acá el daño fue hecho a estos pescadores que recibieron menos dinero por lo que debieran haber recibido por la centolla”.
Investigación y delación compensada
La investigación se inició en julio de 2020 tras una denuncia. Posteriormente, una de las empresas y tres de sus ejecutivos accedieron al beneficio de delación compensada, entregando información relevante a cambio de exención de responsabilidad penal.
Riquelme precisó que “si el delito se prueba en el Tribunal de la Libre Competencia, perfectamente la Fiscalía Nacional Económica podría buscar acciones penales contra los ejecutivos que no fueron exentos”.
