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La justicia condenó a Tarjetas Cencosud tras una denuncia del Sernac, luego de que la empresa informara de manera errónea en el Boletín Comercial a 139 consumidores entre abril de 2023 y marzo de 2024, pese a que muchos habían cumplido sus compromisos financieros o sus obligaciones ya se encontraban extinguidas según la normativa vigente.
Supervisión del mercado financiero
El Sernac detectó la situación mediante un proceso de supervisión basado en riesgos del mercado financiero, donde recibió un centenar de reclamos de consumidores que aparecían como morosos aun cuando habían pagado sus deudas. Para esclarecer el caso, el organismo ofició a la empresa solicitando antecedentes sobre la cantidad de clientes afectados y el detalle de las situaciones denunciadas.
Denuncia por falta de profesionalidad
El Servicio concluyó que Cencosud incumplió su deber de profesionalidad al registrar como morosos a personas que no mantenían deudas. Por ello, presentó la denuncia ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, invocando la Ley del Consumidor (N° 19.496) y la Ley de Protección de la Vida Privada (N° 19.628). Esta última establece que los datos personales deben eliminarse cuando carecen de fundamento legal o han caducado.
Sentencia y sanciones aplicadas
El tribunal acogió la denuncia del Sernac en todas sus partes y condenó a Tarjetas Cencosud a pagar una multa de 100 UTM, equivalente a casi 7 millones de pesos. Además, el proveedor fue condenado en costas, al constatarse que su actuar dañó la reputación y dignidad de los consumidores afectados.
Derechos de los consumidores en materia de datos personales
El Sernac subrayó que esta sentencia ratifica la obligación de las empresas de mantener información exacta y actualizada en los registros financieros. Cuando un consumidor paga su deuda, la empresa tiene siete días hábiles para informar al Boletín Comercial y borrar el registro. Asimismo, cualquier modificación de datos erróneos debe realizarse de manera gratuita.
La ley además prohíbe registrar deudas vinculadas a servicios básicos, salud, educación en cualquier nivel —incluyendo el Crédito con Aval del Estado (CAE)— y el uso de autopistas concesionadas. En caso de incumplimientos, los afectados pueden reclamar ante el Sernac o iniciar acciones judiciales para obtener indemnizaciones.
