Crédito: Poder Judicial

Solo el 6,8% de solicitudes de libertad condicional fueron aprobadas en la jurisdicción de Rancagua

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La Comisión de Libertad Condicional de Rancagua aprobó 21 de las 309 solicitudes presentadas por internos que cumplen condena en las cuatro unidades penales de la jurisdicción, lo que representa un 6,8% del total. El 90,6% de las solicitudes (280) fueron rechazadas y en 8 casos (2,6%) la comisión decidió no pronunciarse.

Segunda sesión del año

La instancia, desarrollada entre el 9 y 11 de octubre, estuvo encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Jorge Fernández Stevenson, y contó con la participación de los jueces Paulina Bossy Chaparro y Raúl Baldomino Díaz del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, y los magistrados Felipe Izquierdo Parga y Andrea Urbina Salazar del Juzgado de Garantía de Rancagua. Andrea Alfaro de la Fuente, secretaria de la Corte, también participó como secretaria de la comisión.

Tras revisar los antecedentes, la comisión otorgó la libertad condicional a 7 internos del Centro Penitenciario de Rancagua, 8 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, 3 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz y 3 del Centro de Detención Preventiva de Peumo.

Requisitos para la libertad condicional

El proceso se rige por el Decreto Ley 321, modificado por la ley 21.124, que establece que para optar a la libertad condicional, los internos deben haber cumplido la mitad de la condena (o dos tercios en el caso de delitos graves), presentar una conducta intachable y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por Gendarmería. Este informe evalúa factores de riesgo de reincidencia y el grado de conciencia del delito por parte del solicitante.

Según la normativa, las comisiones deben fundamentar sus decisiones, detallando si los postulantes cumplen o no con los requisitos y considerando especialmente la posible resocialización, como se desprende de los informes psicosociales.

Notificación a víctimas y cambios en la normativa

Un cambio normativo introducido en noviembre del año pasado establece que Gendarmería debe informar al tribunal responsable de la ejecución de la pena sobre los postulantes, permitiendo que las víctimas sean notificadas y presenten alegaciones. En esta sesión, la comisión escuchó las presentaciones de siete víctimas.

Esta segunda sesión de 2024 refleja la rigurosidad en la aplicación de los criterios para la libertad condicional, con un bajo porcentaje de aprobaciones en comparación con las solicitudes presentadas.


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