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La tarde de este miércoles 25 de septiembre se realizó en dependencias del Instituto O’Higgins de Rancagua el primer debate Municipal con las y los candidatos a la alcaldía de la capital regional en estas elecciones 2024, organizado por el establecimiento educacional y su plataforma “Democuáticos”, en conjunto con el programa “Hacemos Radio”.
Entre los participantes del debate se encontraban la candidata Valentina Cáceres (Ind. Contigo Chile Mejor) y los candidatos Rafael Cornejo (Ind. Ecologistas Animalistas), Nicolás Salgado (Ind.) y Raimundo Agliati (Ind. ChileVamos).
Debate con variadas temáticas y llamado a combatir la corrupción
El debate se desarrolló en un formato variado, con una ronda de preguntas sorteadas para cada participante, una misma pregunta respondida por todos y un espacio de interpelación. Sin embargo, fue en los minutos finales de libre disposición donde la candidata Valentina Cáceres, actual concejala y una de las denunciantes de la corrupción en la administración de Juan Ramón Godoy, marcó un momento clave al hacer un llamado a sus contrincantes para unirse a la petición de restitución de los dineros por parte del exalcalde Eduardo Soto, exigido por la Contraloría General de la República (CGR).
Devolver más de $400 millones
“En la administración de Eduardo Soto, Caso Pulseras, el dinero que iba dirigido a los niños y niñas más vulnerables de nuestra comuna fue mal utilizado y así lo determinó el órgano fiscalizador, la Contraloría, órgano que dictaminó que él debe devolver, de su propio bolsillo, más de 400 millones de pesos que le corresponden a cada uno de nosotros y sobre todo a la educación”, expresó Cáceres, para luego invitar a los candidatos al Tribunal de Cuentas de Santiago a “recuperar ese dinero que nos pertenece a todos, sigamos combatiendo la corrupción juntos”, cerró la candidata.
El Caso Pulseras: una controversia que aún resuena en Rancagua
El llamado de Cáceres se refiere a la polémica gestión de Eduardo Soto, bajo cuya administración la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) contrató un servicio de "Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales" para estudiantes de establecimientos públicos. Entre los productos adquiridos figuraban 7.535 pulseras electrónicas, entre otros servicios.
En su informe final, la CGR encontró irregularidades en el costo del servicio contratado, cuyo valor total ascendió a $448.332.500.