La GDPR ya ha aterrizado en nuestro país. En hora buena. No había mucho que esperar, pues vivimos en un mundo cada vez más global e interconectado. Incluso muchos ya estamos hablando del ciudadano global. Para comenzar, digamos que la creciente expansión de la economía digital ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar nuestros datos personales, incluyendo el derecho a nuestra propia imagen. En este contexto, en Europa se implementó, a partir del 25 de mayo de 2018, la normativa GDPR (General Data Protection Regulation), que plantea grandes desafíos organizacionales y técnicos a las empresas e instituciones, que manejan información de ciudadanos de la mencionada región. De hecho, el derecho a la protección de los datos personales es reconocido por la Unión Europea como un derecho fundamental.
En el ámbito de las relaciones laborales, se regula nuestro derecho a la intimidad y al uso regulado de dispositivos digitales, reconociéndose la protección a nuestro espacio íntimo y privado respecto de estos dispositivos (no se nos puede fotografiar, grabar ni filmar, sin nuestro expreso consentimiento). Como resultado, las compañías con presencia mundial se están adecuando a esta nueva reglamentación. De ahí que muchos chilenos estén recibiendo solicitudes de consentimiento para el envío de publicidad o de aprobación de nuevas políticas de uso de aplicaciones. También algunos académicos vinculados con universidades europeas, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a estos nuevos requerimientos. En este orden de ideas, se regula la videovigilancia, la grabación de sonidos, las filmaciones del ámbito privado y el uso de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral y de las administraciones públicas. Como tal, la normativa europea parece ser un modelo a seguir para América Latina.
¿Qué ocurre en Chile? Mi impresión es que no muchos colegas docentes conocen esta nueva regulación europea. Pero, siendo objetivos, tampoco estamos tan desconectados. Nuestro país ha demostrado que está sensible frente a este tema, pues el 15 de mayo de 2018, el Senado chileno aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución, por la cual se consagra el derecho a la protección de datos personales como derecho constitucional o fundamental, tal como ocurre en la GDPR. De este modo, en nuestra Constitución se ha reconocido a la protección de datos personales como un derecho fundamental, que tenemos todos los ciudadanos de este país por el sólo hecho de ser personas. Ciertamente, la medida es estratégica, ya que como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2010, a Chile le afectarán directamente estas directrices europeas. Dicho en forma coloquial, si queremos estar y mantenernos en las grandes ligas, hagamos como los romanos: Cum Romae, ut Romani faciunt fac (Cuando estés en Roma. Haz como los romanos).
Ahora bien, en caso de incumplimiento con el RGPD, las penas son del infierno, con sanciones económicas que podrían bordear los 20 millones de euros (aproximadamente 14.763.200.000 de pesos chilenos) o el 4% de la facturación global de las empresas e instituciones. Lo más probable es, en que en Chile, una vez aprobada la reforma, las sanciones también puedan llegar a ser muy altas. En tiempos de grandes transformaciones globales, en la academia no podemos estar ausentes. De hecho, muchos académicos, ligados a la Agenda 2030 y a los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidades, estamos ansiosos por ver cómo esta normativa europea se implementa en nuestro país. Parece no haber otra opción: O damos el salto cualitativo o nos quedamos estancados en enfoques monolíticos y añejas prácticas de gestión.
Dr. Fernando Vera, EdD
Consultor Organizacional y Educacional
fernandovera.cl