A la gran mayoría de los lectores se le hará familiar el concepto de teletrabajo, el cual contiene una serie de cambios paradigmáticos que viene desde siglos atrás. Por ejemplo: la creencia que se es más productivo cuando el trabajador se apersona en su lugar de trabajo, o la forma de controlar al trabajador, que tiene relación con la maldita necesidad que tienen los jefes de ver con sus propios ojos e in situ lo que el trabajador está haciendo.
El teletrabajo, más bien el uso de nuevas tecnologías basadas en la ofimática, y el acceso masivo a internet, sumado a la necesidad de seguir produciendo pese al confinamiento ha permitido que miles de trabajadores pudieran trabajar de manera remota desde sus hogares.
Ahora bien, una de las consecuencias del teletrabajo tiene relación con el mercado inmobiliario, en donde cientos de familias han optado por migrar desde las grandes urbes a lugares más tranquilos, como son el caso de Villarrica y Pucón, comunas que no están preparadas para este éxodo de nuevos vecinos que vendrán a utilizar servicios planificados para un número menor de personas.
De lo anterior, se desprenden desafíos de suma importancia para el corto y mediano plazo: la formulación e implementación de políticas públicas de planificación urbana. Siempre hemos actuado de manera reactiva en virtud de la ley de oferta y demanda a lo que se refiere con la creación de nuevos proyectos inmobiliarios. Nunca se ha pensado de manera planificada una comuna ni menos una ciudad.
Pero hoy en día hay una tremenda oportunidad de planificar los nuevos barrios que serán una demanda creciente en el corto plazo, para lo cual es menester la consideración de aquellos elementos que permitirán disminuir la posibilidad de aparición de problemas tales como: la densidad poblacional, la oferta de servicios como los educacionales, salud y públicos; una adecuada conexión vial, etc.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que muchas más personas tengan la oportunidad de migrar a otros lugares gracias al teletrabajo? La respuesta tentativa se funda en la necesidad de fomentar las alianzas público-privadas para democratizar el acceso a la infraestructura de conectividad, eliminando los puntos grises del mapa de cobertura de internet por medio de incentivos para que las empresas de telecomunicaciones inviertan en las regiones del país. Actualizar la normativa que regula las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios, por lo cual permita garantizar un mínimo de calidad de sus servicios y así aportar a la eficacia del teletrabajador. Respecto a los cambios culturales, los desafíos radican en el respeto de los derechos de los trabajadores para que puedan autorrealizarse, lo que se resume en el fomento de los tiempos de “calidad” que los trabajadores pasen con sus familias, en la estabilidad laboral y en la búsqueda de la justicia en el pago de las remuneraciones. En concordancia con lo anterior, se debe eliminar la preconcepción de que los trabajadores serán menos productivos si trabajan desde sus hogares y por ende se les debe pagar menos, entre muchas otras cosas.
Finalmente, se deben implementar políticas educación que contemplen capacitaciones masivas para cumplir dos objetivos estratégicos: 1- Aumentar el número de personas aptas para el teletrabajo, que por falta de competencias se están quedando sin la oportunidad de trabajar desde sus casas, 2- Aumentar la productividad de las personas que teletrabajen por medio de la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos que respondan a las necesidades de sus trabajos y así estas empresas sean más competitivas.
Rodrigo Esteban Barrera
Administrador público
Máster en Gerencia y Políticas Públicas
Docente del Instituto Profesional Providencia