El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua ha dictado sentencia contra Marco Antonio Gamboa Flores, condenándolo a 20 años de presidio efectivo. Además, se le impusieron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Gamboa Flores fue declarado culpable de los delitos consumados de abuso sexual impropio reiterado, violación impropia y estupro reiterado, cometidos entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 en las comunas de Maipú y Rancagua.
El tribunal, en fallo unánime, concluyó que se probó más allá de toda duda razonable que Gamboa Flores perpetró actos de connotación sexual y de acceso carnal contra la víctima, hija de su pareja, "abusando de la relación de dependencia que ya había creado con la víctima, tanto por su rol de jefe de hogar, como por el sometimiento que produjo al ya venir abusando de antes que cumpliera 14 años".
La participación de Gamboa Flores en los delitos quedó claramente establecida, según el tribunal, gracias a los testimonios de la víctima, su madre y su pololo, así como de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Estos testimonios detallaron las circunstancias y contenido de la develación y la identificación directa realizada por la menor respecto a su agresor, quien aprovechó la dinámica familiar y las condiciones de su trabajo para acceder a la ofendida.
Además de la pena principal, el tribunal impuso a Gamboa Flores penas especiales que incluyen la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos designados por la ley, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Esta condena se enmarca en los esfuerzos de la justicia chilena por sancionar severamente los delitos sexuales y proteger a las víctimas, especialmente cuando estos actos son cometidos por personas en posiciones de poder o confianza dentro del entorno familiar.