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La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por la sede Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de una funcionaria de la Armada que denunció haber sido víctima de violación por parte de un superior, episodio tras el cual recibió una sanción disciplinaria que debió revertir mediante diversas instancias institucionales.
Antecedentes del caso y contexto del fallo
El tribunal sostuvo que los hechos revelan una cultura institucional marcada por prácticas patriarcales y sexistas, lo que habría derivado en expresiones de discriminación y violencia de género. De acuerdo con lo expuesto en la resolución, la funcionaria fue vulnerada en un contexto de celebración interna realizada en Valdivia en noviembre de 2022, tras la cual habría sido atacada por un superior que la trasladó a su domicilio.
La denuncia y el tratamiento disciplinario
La funcionaria presentó una denuncia formal dentro de la Armada en diciembre de 2022. Sin embargo, el procedimiento derivó en una investigación que terminó atribuyéndole responsabilidades a ella, imponiéndole primero una amonestación por “abuso de confianza” y luego una falta leve. Solo después de múltiples reclamos, la institución dejó sin efecto la sanción al no encontrar acreditación suficiente en los hechos que se le atribuían.
Cuestionamientos del tribunal a la actuación institucional
La Corte criticó que la denuncia terminara dirigida en contra de la propia víctima y que la investigación disciplinaria operara con sesgos que facilitaron la revictimización. El fallo afirma que la Armada otorgó un trato discriminatorio y que el proceso administrativo evidenció obstáculos estructurales que afectan la participación plena de las mujeres dentro de la institución, incluyendo la tolerancia de prácticas y rituales que refuerzan desigualdades y patrones de violencia.
Reacciones y alcance de la resolución
La jefa regional del INDH, Constanza Montt, valoró que el fallo reconozca explícitamente la existencia de violencia de género en prácticas institucionales toleradas por la Armada, destacando que la decisión marca un precedente y obliga a revisar reglamentos, protocolos y formas de ejercer autoridad.
Medidas ordenadas por la Corte de Apelaciones
El tribunal instruyó a la Armada eliminar cualquier registro de sanciones impuestas a la funcionaria y asegurar que no existan restricciones en el ejercicio de sus funciones. También exigió implementar acciones formativas junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para identificar ámbitos de riesgo, fortalecer mecanismos de prevención y promover la igualdad al interior de la institución.
Asimismo, el Ministerio de Defensa deberá revisar el Reglamento de Disciplina de la Armada y adecuarlo a la normativa vigente sobre género y no discriminación, proceso que deberá materializarse en un plazo máximo de seis meses mediante la dictación del decreto correspondiente y su remisión a la Contraloría General de la República.
