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La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, Natalia Romero, manifestó su respaldo al proyecto de ley que busca obligar a las municipalidades a informar anualmente sobre la utilización de los recursos provenientes del Royalty Minero.
Fondo Regional y su impacto en O’Higgins
Desde el 1 de enero de este año, entró en vigor el nuevo impuesto aprobado por el Congreso, que incluye la creación de tres fondos, entre ellos el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo de las Comunas Mineras. Para la Región de O’Higgins, esto significó un aporte inicial cercano a los $9 mil millones.
Sin embargo, solo 90 de los 307 municipios beneficiados han informado sobre el uso de estos recursos hasta octubre de este año, lo que ha generado preocupación.
"sería inentendible que las municipalidades hagan un mal uso de estos recursos"
“La aprobación de estos aportes costó tanto lograr, que sería inentendible que las municipalidades hagan un mal uso de estos recursos y se terminen gastando en cualquier cosa menos en las principales necesidades de sus vecinos. Por eso respaldamos este proyecto: lo mínimo es que en cada cuenta pública las administraciones locales informen en qué han destinado estos dineros”, señaló la diputada Romero.
Exigencia de transparencia en las cuentas públicas
El proyecto de ley, que ahora debe ser ratificado por el Senado, propone que las municipalidades incluyan en sus cuentas públicas anuales el detalle del uso de los recursos provenientes del Royalty Minero. Además, deberán informar cómo estos dineros se han destinado a proyectos y programas específicos durante el año.
Según la diputada Romero, esta medida busca asegurar que los fondos se utilicen en áreas prioritarias como seguridad, educación, salud y prevención de emergencias, reduciendo las posibilidades de malgasto.
Beneficio para las comunas de la región de O'Higgins
Las 33 comunas de la Región de O’Higgins han sido beneficiadas con estos recursos adicionales, como Graneros, que recibió $267 millones, y Rengo, que obtuvo $288 millones.
“Es fundamental que estos recursos adicionales se destinen a las necesidades reales de los vecinos y que exista total transparencia respecto a su uso. Muchas municipalidades rurales tienen presupuestos muy ajustados, por lo que cualquier aporte adicional debe ser utilizado de manera responsable y eficiente”, subrayó la diputada Romero.
Además, la parlamentaria expresó su disposición a seguir impulsando mecanismos de control que garanticen la correcta gestión de estos fondos.