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El artículo 48 del proyecto de Presupuesto 2025, que busca suspender procedimientos relacionados con los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) establecidos en la Ley Lafkenche, ha desatado una fuerte controversia. El Gobierno, junto a senadores y diputados oficialistas, presentó tres requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando graves violaciones a derechos constitucionales, internacionales y compromisos con los pueblos originarios.
Gobierno denuncia “derogación encubierta”
El presidente Gabriel Boric, acompañado por los ministros Mario Marcel y Álvaro Elizalde, lideró uno de los requerimientos, calificando el artículo 48 como una “derogación encubierta” que excede las atribuciones de la Ley de Presupuestos.
"La Ley de Presupuestos no puede alterar derechos permanentes ni discriminar arbitrariamente," señalaron en su presentación. El Ejecutivo argumentó que la medida vulnera principios como la igualdad ante la ley y la iniciativa exclusiva del Presidente en materias legislativas, sentando un peligroso precedente para futuras normativas.
Senadores destacan impacto en derechos indígenas
Un grupo de 14 senadores, encabezados por Francisco Huenchumilla, Claudia Pascual y Yasna Provoste, también presentó un requerimiento señalando que la suspensión de los ECMPO afecta los derechos de los pueblos originarios consagrados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT.
"Esta medida representa un retroceso en la protección de derechos indígenas y la conservación de ecosistemas," afirmaron. Además, recalcaron que el artículo 48 contraviene el principio de no regresividad en derechos humanos, poniendo en riesgo procesos administrativos avanzados y el equilibrio entre desarrollo sostenible y justicia social.
Diputados critican irregularidades en el trámite legislativo
Más de 40 diputados oficialistas, liderados por Emilia Nuyado y Lorena Fries, interpusieron un tercer requerimiento destacando que el artículo violó los artículos 65, 67 y 69 de la Constitución.
"La tramitación del artículo fue apresurada y arbitraria, comprometiendo derechos fundamentales de las comunidades indígenas," advirtieron. Denunciaron, además, que la aprobación del artículo desnaturaliza la Ley de Presupuestos, ignorando el análisis exhaustivo necesario en el tercer trámite legislativo.
Expectativa por el fallo del Tribunal Constitucional
La controversia refleja tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y las comunidades indígenas sobre la protección de los espacios costeros. El Tribunal Constitucional deberá decidir próximamente sobre un artículo que podría marcar un precedente crucial en la defensa de los derechos indígenas, el respeto a los ecosistemas y la normativa legislativa en Chile.
"Esto no es solo un problema jurídico, es un retroceso en la garantía de los derechos humanos," concluyeron los parlamentarios, destacando la relevancia del fallo para el futuro de la legislación indígena y ambiental en el país.