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En el marco del inicio del año académico 2026, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga; la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta; la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya; y la directora nacional(s) del Sernac, Carolina González, entregaron recomendaciones a las comunidades educativas y recordaron la normativa vigente respecto a útiles, textos y uniformes escolares y parvularios.
¿Qué pueden y qué no pueden exigir los establecimientos?
Las autoridades enfatizaron que el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes no puede verse afectado por la falta de materiales. En ese sentido, recordaron que ningún establecimiento puede exigir artículos de aseo u oficina en las listas de útiles, ni imponer marcas específicas, salvo situaciones excepcionales debidamente acreditadas.
El ministro Nicolás Cataldo explicó que “los establecimientos solo pueden hacer recomendaciones genéricas, salvo algunos casos y excepcionales que están vinculados a razones de salud o alguna cosa muy específica desde el punto de vista pedagógico, que permita al sostenedor hacer solicitudes más directas”.
Respecto del uniforme escolar, se recordó que su obligatoriedad debe ser acordada por la comunidad educativa, con participación de madres, padres, apoderadas y apoderados, docentes y estudiantes. El Decreto N°215 de 2009 establece que el uniforme debe ser económico y no puede transformarse en un mecanismo de discriminación o sanción desproporcionada.
¿Cómo funciona la entrega de textos escolares?
Las autoridades reiteraron que los textos escolares entregados gratuitamente por el Ministerio de Educación están destinados a establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos al programa. Es obligación de las escuelas distribuir íntegramente estos textos a los estudiantes, ya que son de su propiedad.
En cuanto a textos complementarios, su adquisición debe definirse en consulta con la comunidad educativa y considerar precios que puedan ser costeados por las familias.
¿Qué muestran las cifras de denuncias?
La Superintendencia de Educación informó que las denuncias por exigencias indebidas en útiles, textos o uniformes han disminuido un 35% en la última década, representando actualmente solo un 0,3% del total recibido. “Desde 2015, esto ha ido en constante disminución, lo que tiene que ver con que las comunidades educativas están mucho más informadas y tienen mucho mejor conocimiento de la normativa que hoy rige”, señaló la superintendenta Loreto Orellana.
El ministro Cataldo agregó que “Esto es algo muy relevante, porque se ha ido generando ya la costumbre, el cambio cultural, vinculado a no exigir materiales con marca específica”.
Orellana complementó que “Es importante recordarles a las comunidades educativas que el cumplimiento de esta normativa tiene que ser aplicada, tiene que estar bien informada a la comunidad, a padres, apoderados y tutores, para que así ningún niño vaya a ser discriminado por estas razones”.
¿Qué apoyos existen para las familias?
Se destacó el Programa de Útiles Escolares de Junaeb, que beneficia a más de 2 millones de estudiantes con cerca de 28 millones de artículos, incluyendo cuadernos y materiales básicos con contenidos didácticos.
La directora de Junaeb, Camila Rubio, afirmó que “Estos sets son de muy buena calidad. Llamamos a las familias a que pregunten en el establecimiento educativo si ya llegó o cuándo llega el material, para que así puedan complementar la lista de útiles. Son bonitos, además. A los niños y niñas les gustan sus portadas, sus imágenes. Entonces, son materiales que les van a durar y les van a gustar”.
Asimismo, se recordó que ya está disponible el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares del Sernac, herramienta gratuita que reúne más de 150 mil precios en todo el país. La directora (s) del organismo, Carolina González, señaló que “Es importante recomendarles a las familias que compren en el comercio formal, que exijan sus derechos, que mantengan sus boletas y que siempre consideren que, frente a una compra de un artículo con algún defecto, pueden apelar a la garantía legal, la cual tiene un plazo estipulado de seis meses”.