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En un escándalo político que ha sacudido el Congreso, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, enfrenta duras críticas tras contratar a una amiga como asesora a pesar de estar prohibido y tener ella un contrato a tiempo completo en otro servicio público.
Según revelaciones, Bobadilla contrató por tres meses a Carolina Alejandra Arias Arévalo, una trabajadora social y parte de su círculo cercano, con una remuneración de casi 3 millones de pesos mensuales. Paralelamente, Arias, jefa de la Unidad de Participación y Vinculación Territorial del SLEP Andalién Sur en Concepción, continuó recibiendo un sueldo bruto de hasta 5,3 millones de pesos mensuales.
Una relación estrecha y profesional
El diputado Bobadilla, de ideología de extrema derecha, reconoció su estrecho vínculo con Arias y declaró que, de haber algún problema, se corregirá. "Jamás se podría poner en cuestión su capacidad profesional", afirmó el parlamentario. Arias, quien ha sido descrita como un "pilar fundamental" en el trabajo de Bobadilla, fue contratada como asesora externa entre enero y marzo de este año, recibiendo 2,8 millones de pesos por cada mes.
Recibió más de $20 millones en tres meses
Durante su tiempo como asesora, Arias percibió 8,4 millones de pesos. A esto se suma su salario en el SLEP, donde recibió 3,6 millones en enero, 3,2 millones en febrero y 5,3 millones en marzo, acumulando un total de 20,5 millones de pesos en tres meses provenientes de fondos públicos.
Prohibición incumplida
La contratación de Arias viola el reglamento interno de la Cámara de Diputados, que impide la contratación de funcionarios públicos como asesores, con la excepción de académicos y profesores de universidades estatales, condición que Arias no cumple. Fuentes internas señalan que esta norma es ampliamente conocida entre los congresistas, lo que sugiere que Bobadilla no podía desconocer la prohibición.
“Queda prohibida la contratación, con cargo a las asignaciones parlamentarias destinadas a personal de apoyo y/o asesoría externa de un parlamentario, parlamentaria o comité parlamentario, de funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses”, señala el reglamento.
Reacción y próximas acciones
El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias analizará el caso en una sesión programada para este martes. Mientras tanto, Bobadilla ha reiterado la importancia de Arias en su equipo, destacando su trabajo en terreno y la organización de talleres y conversatorios.
"Si hay error, corregiré", declaró el diputado, quien defiende la capacidad profesional de Arias y su contribución al trabajo parlamentario en el distrito 20. No obstante, la controversia pone en entredicho la transparencia y el uso correcto de las asignaciones parlamentarias, abriendo un debate sobre la ética y la legalidad en la contratación de personal en el Congreso.