Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) son hechos aberrantes que generan gran conmoción en la opinión pública, más aún si quienes son investigados por este tipo de hechos, obtienen beneficios como la libertad provisional o bajo caución, por contar con recursos económicos suficientes para pagar cuantiosas sumas de fianza.
Uno de los casos que mayor impacto ha generado se relaciona con la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Fernando en contra de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador UDI Javier Macaya, quien tras resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró que se revocara la medida de prisión preventiva, previo pago de una fianza de 150 millones de pesos.
En ese contexto, la diputada Marcela Riquelme (Ind-CS), presentó un proyecto de ley, calificado por ella como “Ley Macaya”, que busca modificar diversos artículos del Código Penal con el objeto de que los imputados y condenados por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, protegiendo así la indemnidad sexual de NNA.
Según explicó la parlamentaria la moción busca establecer una solución legislativa e impedir que en delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, “no se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto” agregando que de esta forma se busca “generar herramientas efectivas para sancionar y evitar posibles revictimizaciones, además de establecer con la gravedad necesaria, la imposibilidad de que quien vulnere tenga beneficios, negándole de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, o al arresto domiciliario, o rendir caución para acceder a estos”.
Por su parte, la diputada Karol Cariola señaló que “este es un acto de toda justicia, más todavía con hechos públicos conocidos como el ‘caso Macaya’ y nos parece de una responsabilidad política de quienes hoy legislamos en el parlamento, por ello hacemos un llamado al Ejecutivo para que patrocine este proyecto de ley, que le demos urgencia porque esto no puede seguir ocurriendo, no queremos más abusadores sexuales libres, que por tener plata en el bolsillo puedan comprar la libertad a costa de la seguridad de las niñas y niños de nuestro país”.
De acuerdo a lo planteado en la iniciativa legal, además de establecer la protección de la víctima, también se busca limitar las acciones de quienes por su capacidad económica puedan obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. “Muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos”, resaltó la diputada Riquelme.
El proyecto de ley contó además con el apoyo transversal de diputadas y diputados, siendo suscrito por Karol Cariola, Mercedes Bulnes, Erika Olivera, Marisela Santibáñez, Camila Musante, Consuelo Veloso y Rubén Oyarzo.
Vale destacar que -en este mismo tenor- el senador Karim Bianchi también presentó una moción que busca restringir la libertad provisional frente a delitos como violencia intrafamiliar, accidentes con resultado de muerte y delitos sexuales.